La prebenda y el clientelismo, entre otros, se imponen en la determinación de diferentes sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) para promover denuncias y procesos en contra de instancias opositoras al partido gobernante.

Analistas consideran que este proceso tiene como finalidad amplificar las intenciones del partido oficialista, además de constituirse en grupo de choque ante los opositores. Pero es una relación circunstancial y de interés.

Desde la posesión de Luis Arce, pese a su discurso de reconciliación, el Gobierno inició una serie de procesos contra opositores o miembros de las instituciones militares o policiales, tal el caso de la demanda contra la expresidenta Jeanine Áñez, promovida por una exasambleísta del MAS, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), un grupo de  bolivianos que retornaban de Chile y autoridades locales  del MAS, entre otros.

La politóloga Patricia Velasco dijo que el MAS utiliza a las organizaciones sociales para dañar a la oposición o desvirtuar el papel de ésta en diferentes aspectos y restarle credibilidad, pero señaló que esta tarea conlleva ciertos favores.

“Los movimientos sociales son aliados circunstanciales del partido de gobierno en la medida que se produzca alineamiento del MAS a sus posiciones y no en la medida que el partido  articule sus demandas en una propuesta propia”, indicó.

El historiador indianista Pedro Portugal, al coincidir con Velasco, sostiene que los movimientos sociales brindarán apoyo al gobernante en tanto continúe con las dádivas correspondientes.

“El MAS busca que los movimientos sociales amplifiquen, líricamente lo pueden amplificar, pero no se va a esperar ninguna otra manifestación de fuerza, sirven para apantallar a la oposición, porque generalmente la oposición se achica al ver que ese partido tiene eco en los movimientos sociales”, sostiene.

Denuncias

Una de las denuncias fue presentada en diciembre de 2020 por Lidia Patty, dirigente campesina y entonces diputada del MAS. En un inicio, señó como principales autores del presunto golpe al exlíder cívico y gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y a Williams Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La exparlamentaria cuenta con agentes de seguridad a través del Ministerio de Gobierno. Antes de que se dé a conocer sobre las armas argentinas dijo que “hubo países, varias ONG e instituciones bolivianas que han sido partícipes y que debe saberse quiénes han financiado lo que considero un golpe de Estado contra el expresidente Morales”.

Otra demanda que llama la atención es la promovida por la Csutcb contra asambleístas nacionales de oposición que viajaron a Estados Unidos para denunciar ante la OEA la persecución política que activó el oficialista MAS.

Omar Ramírez Nina y Humberto Claros Ceballos, representantes  de la Csutcb, presentaron la denuncia contra nueve parlamentarios opositores por “supuestas faltas establecidas en el reglamento de ética”.

“No se ha vulnerado en ninguno de los momentos la Constitución Política del Estado  (CPE) ni el Reglamento General de la Cámara de Diputados, como tampoco el Reglamento de Ética es un proceso arbitrario, ilegal motivado por el MAS”, señalaron los asambleístas afectados.

Otra denuncia es la presentada por el grupo de bolivianos retenidos en la frontera con Chile en la pandemia.

Mediante esta acción, promovida a través del Ministerio de Justicia, se pide juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez; su exministro de Gobierno, Arturo Murillo; su exministro de Defensa, Luis Fernando López; la excanciller, Karen Longaric, y contra el exdirector de Migración, Marcel Rivas. 

Organizaciones se habrían alejado de Evo en 2019

El historiador indianista Pedro Portugal dijo que los movimientos sociales se dejan articular por cualquier partido que esté en función de poder y que no hay una fusión íntima, sino que hay una especie de simbiosis donde cada quien busca lo que le interesa y conviene.

“Esa relación deja de tener efecto en el momento en que una de las partes esté en conflicto serio, y eso lo hemos visto el año 2019 cuando Evo Morales escapó. El MAS pensaba que se iba a dar una movilización masiva, incluso una movilización armada de estos sectores, y eso no sucedió ni siquiera en el Chapare”, dijo.

Explicó que no es que el MAS no intentara movilizarse, hubo algunos intentos, pero no como se esperaba debido a que se presentó un desencanto total de la población.

“Estos movimientos sociales sirven para articular, para hacer grupo de choque cuando el Gobierno está fuerte, pero nunca comprometen su existencia cuando ese Gobierno está en aprietos”, sostuvo.

 Procesos a través de entidades

Paralelamente a los procesos instaurados por sectores afines al MAS, el gobernante activó, a través de ministerios, viceministerios y otras entidades públicas, demandas a diferentes personas.

Esto se ejemplifica en la denuncia del Viceministerio de Descolonización contra 26 policías por el caso motín.