Medio: La Razón
Fecha de la publicación: miércoles 22 de noviembre de 2017
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
“Estos temas (adopción y matrimonio) tienen que ser trabajados en medidas legislativas y a partir de éstas se van hacer todas las aclaraciones que solicita la misma enmienda y aclaración de la sentencia constitucional 76/2017, por lo tanto, vamos a tener que trabajar muchísimo con ambas cámaras (Diputados y Senadores) para ir gestionando estas nuevas medidas legislativas" dijo Tamara Nuñez del Prado, representante de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI).
Por medio de un auto constitucional, el TCP estableció que están garantizados todos los derechos para las personas trans en la medida que no afecten “derechos de terceros y el interés colectivo”. También dejó en claro que está vigente la confidencialidad para quienes cambiaron de identidad.
“La comunidad transexual y transgénero se encuentra con mucha felicidad por la aclaración del tribunal”, argumentó Antonela Navia, integrante del colectivo LGBTI.
A su vez, el abogado Mateo Rodrigo precisó que el tribunal dejó en claro que están vigentes todos los derechos de las personas transexuales. “El cambio de sexo e identidad no afecta, en absoluto, el interés de terceras personas”, remarcó.
“La sentencia en ningún momento restringe los derechos de las personas por su propia condición de ser humano tienen proclamados en la Constitución Política del Estado, esto es, los derechos civiles y políticos, o aquellos que nacen de las relaciones civiles, privadas o comerciales, los derechos a la salud, al trabajo, o de propiedad”, establece la aclaración constitucional conocida hoy.
Doce días atrás, el TCP emitió la sentencia constitucional 0076/2017 que declara la inconstitucionalidad del parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, referido a los derechos y obligaciones de las personas que opten por el cambio de identidad de género. Con ello, vetó los matrimonios y adopciones para los transexuales.
La comunidad transexual protestó la determinación y exigió una aclaración, al igual que integrantes de la ALP, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quien consideró el fallo como un retroceso.
El fallo constitucional también promovió que la comunidad LGBTI tome oficinas de la Defensoría del Pueblo e instale un piquete de hambre en demanda por una aclaración del TCP.
Nuñez del Prado aseveró que la colectividad si bien levantará sus medidas de “emergencia” ante la corrección del tribunal no dejará sus medidas de “presión” porque todos los derechos de transexuales y transgénero sean reconocidos.
“No estamos para festejar ni para decir que hemos perdido o ganado, la sentencia es aclaratoria porque se garantiza el uso de los derechos fundamentales y las obligaciones inherentes a éstas; por lo tanto, es un avance más. Nos enfrentamos a un grupo irracional e intolerante y antes esto vamos a tener que ir a organismos internacionales (para hacer valer derechos)”, indicó. (22/11/2017)