Alcaldes, legisladores, cívicos cruceños y empresarios destacaron este miércoles como positivo que el Gobierno haya dictado un decreto supremo que fija el 16 de noviembre de 2022 la realización del Censo de Población y Vivienda. Proyectan una agenda una vez que se conozcan los resultados procesados del levantamiento censal.

Tras declarar de prioridad nacional la realización del censo, las autoridades, dirigentes cívicos y legisladores proyectan el impacto que tendrá los resultados del censo una vez que se conozca el número de habitantes y las características demográficas, económicas y sociales.

El alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció que por el crecimiento poblacional de esta ciudad le significará 200 millones de bolivianos más de ingresos económicos para trabajar obras en los distritos.

“Hemos logrado que el gobierno nacional va a convocar para llevar adelante el censo. Santa Cruz se va a beneficiar con más de 200 millones de bolivianos”, sostuvo la autoridad.

En esa misma línea, se pronunció la alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, otra ciudad que vive una expansión poblacional.

“Actualmente nos dan recursos per cápita desde 2012, estos nuevos datos nos van a ayudar a subir el presupuesto que tenemos. Son importes los datos para proyectarnos en el tema económico, educación y salud”, dijo a los medios.

Manifestó que la Alcaldía también definirá estrategias para que la gente se haga censar en el lugar donde vive y no se traslade al área rural, como suelen alentar algunos alcaldes.

Los Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) celebró que la administración del presidente Luis Arce haya definido la fecha del censo y haya establecido como una prioridad nacional.

“El Censo permitirá tener información actualizada y concreta sobre la realidad demográfica, económica y social de todos los departamentos para planificar el futuro con más certeza y equidad”, señaló en un breve mensaje.

El Comité pro Santa Cruz, a través de su presidente Rómulo Clavo, dijo a El Día que es el resultado de las gestiones que realizó conjuntamente otras instituciones de la región, para establecer la ruta crítica del censo.

Asimismo, anunció que serán “celosos vigilantes” de todo el proceso censal, porque considera que en el censo de 2012 “más de 300.000 cruceños no fueron contabilizados”, en ese contexto pidió que se trabaje de “forma idónea y transparente”.

El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, a tiempo de saludar la decisión de las autoridades, dijo que es fruto de la presión de todos los bolivianos que exigieron que se fije una fecha para que se lleve adelante el 2022 como manda la ley.

“Celebraremos este censo que nos permitirá tener una radiografía actualizada de la realidad demográfica, social, cultural del país. Con este insumo planificar el desarrollo de todas las regiones. Es hora que tengamos esta radiografía y que podamos encarar un debate sobre el pacto fiscal abierto y sincero”, afirmó.

Mientras que su colega el senador Erik Morón dijo que la confirmación del censo no es una dádiva del gobierno nacional, es una exigencia y necesidad de los nueve departamentos del país para concretar una mejor redistribución política, económica y social”.

“(El censo) no es una dadiva del Gobierno nacional, es una exigencia y una demanda para actuar conforme a ley de que es necesario un censo, porque hace muchísimos años estamos con la misma distribución de recursos”, manifestó.