A días de que presente el informe de su investigación sobre lo ocurrido en la crisis de Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, al menos 59 instituciones nacionales y de otros países solicitaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para Bolivia incorporar en su informe las denuncias de envío de pertrechos desde Ecuador y Argentina hasta Bolivia como cooperación al entonces gobierno de Jeanine Áñez.

Plantearon, “en caso de considerarlo necesario”, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicie una investigación específica sobre el tema que en los últimos días generó incluso una demanda penal en Argentina contra el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios.

“Conociendo el poco tiempo que queda para la entrega del informe del GIEI Bolivia solicitamos que, de manera urgente, se incorpore al documento estos hallazgos preliminares y las recomendaciones necesarias para que se sepa toda la verdad sobre estos hechos”, refiere la carta enviada por el grupo de instituciones a la GIEI-Bolivia.

Según los solicitantes, la coordinación entre Estados “para la represión de la protesta en el marco de una grave crisis democrática nos recuerda a la coordinación represiva del Plan Cóndor, llevada a cabo en uno de los períodos más oscuros y violentos de nuestra historia”.

Argumentaron que, si los hechos efectivamente sucedieron, constituyen una violación a los principios “más básicos del orden jurídico interamericano, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos y deben integrar cualquier informe que se realice sobre el periodo”.

En la carta, se recordó que 13 de noviembre de 2019 llegaron a Bolivia pertrechos de Argentina y un día después el gobierno de Áñez emitió el Decreto Supremo 4078 que dio impunidad a los militares para activar operativos contra las movilizaciones en el país. El 15 de ese mes se produjo en Sacaba, Cochabamba, la muerte de 11 personas y más de 100 heridos por impactos de bala tras un operativo policial-militar.

Asimismo, recordaron que el 16 de noviembre llegó de Ecuador “un segundo cargamento para reprimir al pueblo boliviano” consistente en 5.500 granadas y 2.949 proyectiles y que tres días después se produjo en Senkata, El Alto, la muerte de 10 muertos y más de 60 heridos por impactos de bala.

Entre los firmantes figuran: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional – ASOFAMD (Bolivia); Asociación Pro Derechos Humanos – Aprodeh (Perú); Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR (Colombia); Justiça Global (Brasil); Museo de la Memoria de Rosario (Argentina).

El GIEI de la CIDH comenzó su trabajo en noviembre del año pasado y durante más de seis meses recabó testimonios y documentos sobre los hechos en Sacaba y Senkata.