Medio: La Razón
Fecha de la publicación: miércoles 21 de julio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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La Fuerza
Aérea Argentina tenía conocimiento del envío de los 70.000 pertrechos
antitumulto a Bolivia en noviembre de 2019. El grupo de élite argentino Alacran
que llegó a La Paz le hizo saber vía nota oficial del material “extra” que
transportaba y que era usado para enfrentar alteraciones del orden público.
El dato se
encuentra en la ampliación de la demanda presentada por autoridades del
gobierno de Alberto Fernández contra el expresidente Mauricio
Macri y otras exautoridades por delitos como contrabando agravado
debido al envío del “material bélico” a la administración de la
expresidenta Jeanine Áñez, quien tomó el poder a dos días de la
dimisión de Evo Morales en medio de una crisis.
El jefe del
Grupo «Alacrán» de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota a la
Fuerza Aérea Argentina para hacerle conocer que añadía a la carga del vuelo los
70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de
mano, reveló la agencia Télam.
«Esta nota
evidencia que el ministro de Defensa tenía cabal conocimiento del traslado de
ese material adicional, posteriormente desviado. Y el hecho de que esa
información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en
el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por
el propio ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ´el vuelo
fue ordenado por el entonces ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma
verbal´», según se establece en la denuncia.
Los 70.000
cartuchos, 100 spray de gas lacrimógeno, 61 granadas de gas de hostigamiento
(CN), 160 granadas de gas hostigamiento (CS) y 360 granas de gas (HC) formarían
parte, según la denuncia en Argentina, de un envío “extra” al equipamiento
requerido el 11 de noviembre, entre ellos armamento letal y no letal.
El ministro de
Defensa argentino Agustín Rossi reveló que el vuelo del avión militar C-130 con
“material bélico” con destino a Bolivia debía partir al mediodía del 12 de
noviembre de 2019, pero se demoró por cerca de 12 horas debido a la solicitud
de carga de 70.000 pertrechos antitumulto. Dijo que solo Macri pudo haber
tomado la decisión de envío.
El ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en reiteradas ocasiones que desde
Argentina se internó a Bolivia, en medio de la crisis política del 2019,
pertrechos y armamento de forma legal e irregular. Las 70.000 unidades puestas
en cuestión no tienen, según aseguró, un respaldo de ingreso y autorización
documentado.
Áñez tomó el
poder el 12 de noviembre y la madrugada del 13 llegó el avión argentino con los
pertrechos y el grupo de élite Alacran. Al momento se conoce que 26.900
cartuchos están en depósitos de la Policía y otro tanto habría sido destinado a
la Fuerza Aérea Boliviana, mientras que de otro lote (más de 3.000) no se
conoce su destino.
Una carta de
agradecimiento del excomandante de la FAB Gonzalo Terceros al exembajador
Normando Álvarez develó el envío de material al gobierno de Áñez. Ecuador, en
el gobierno de Lenin Moreno, hizo lo mismo. Terceros se encuentra en la cárcel
por el caso “golpe de Estado”.
También se
denunció la supuesta presencia del comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor
Caliba, en la pista de aterrizaje del El Alto, Bolivia, la madrugada en la que
llegó el Hércules C-130 con los pertrechos bélicos y los Alacranes, el 13 de
noviembre de 2019.
Caliba informó
vía comunicación oficial, enviado el 17 de noviembre, al entonces director
nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo José Otero, sobre una
reunión realizada ese día en donde «el tema a tratar fue la posibilidad de
colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra
disturbios, en razón que se les está acabando su stock», reportó Télam según
surge de la denuncia.
El Congreso
argentino, vía la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de
inteligencia, también investiga si hubo espías argentinos que colaboraron en la
crisis de 2019.
En Bolivia, la
Fiscalía abrió un proceso.



