Mañana se prevé que se conozca el informe sobre las vulneraciones de derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esa entidad  fue  nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Desde el oficialismo indican que el documento tiene un carácter vinculante, aunque ni el acuerdo ni el protocolo ni la adenda hacen referencia a aquello.

“Estamos a la espera, necesariamente se requiere el informe de la CIDH, de los expertos independientes que están en la investigación. (...) Si es que se declara vulneración extrema de derechos humanos, sin duda será un elemento fundamental para los procesos venideros, para el esclarecimiento de los hechos luctuosos de noviembre de 2019. El informe sobre los hechos de noviembre de 2019 va a ser importante y es vinculante”, dijo el martes el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

En la misma línea, el diputado del MAS Sandro Ramírez señaló que se espera que el informe del GIEI tenga un carácter vinculante. “Esperemos que sea un informe vinculante, porque es necesario. ¿Qué queremos detrás del informe que va a llegar? La verdad, estamos detrás de la verdad. (Por) los hermanos, las víctimas de 2019 que han sido masacradas, encarceladas injustamente, heridas, debe darse una verdadera realidad de quienes han sido los culpables”, expresó.

El representante de la denominada Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, que acompaña a las víctimas de Senkata, sostuvo también que el informe será vinculante. “Este documento (del GIEI), tengo que recalcar que  es vinculante. Quiere decir que están obligados de cumplirlo todos los servidores públicos que trabajan en los cuatro órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, como también los militares y los policías. Esa es la característica de este informe”, remarcó.

Inca señaló que se espera que el informe del GIEI contemple un plan integral de reparación a las víctimas de la crisis de 2019 en general y que se identifique “con nombre y apellido” a quienes cometieron violación de derechos humanos y que en ese marco se sugieran procesos penales, civiles o administrativos. 

En el apartado del GIEI-Bolivia de la página web de la CIDH se publicaron tres documentos: el acuerdo entre la CIDH y el Gobierno del Estado Plurinacional, el protocolo de actuación anexo al acuerdo, y la primera adenda al acuerdo para prorrogar el mandato del GIEI, y en ninguno de ellos se hace referencia al carácter de “vinculante” del informe. 

“El GIEI dará a conocer al Estado boliviano los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que se estimen convenientes y elaborará un informe público final de su trabajo”, se lee en el acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2019, entre los entonces canciller Karen Longaric y secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

Mientras que en el protocolo de actuación anexo al acuerdo, firmado el 23 de noviembre de 2020 entre el canciller Rogelio Mayta, el presidente de la CIDH, Joel Hernández, y la secretaria ejecutiva interina de esa instancia, María Claudia Pulido, se lee: “El GIEI dará a conocer al Estado boliviano, antes de su publicación, los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que estime convenientes. El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

La adenda al acuerdo firmada entre el 9 y el 13 de abril de este año solo establece “prorrogar el mandato del GIEI por dos meses adicionales”, sin modificar otras disposiciones del acuerdo y el protocolo de actuación.

Al respecto, la excanciller Karen Longaric, quien suscribió el acuerdo en 2019 a nombre del Estado boliviano, señaló: “El informe del GIEI emitirá recomendaciones que deben ser de público conocimiento. El acuerdo que se firmó con la CIDH el 12 de diciembre de 2019  no le otorga carácter vinculante al informe del GIEI, se constituye  en una serie de recomendaciones  qué el gobierno debe tomar en cuenta”.

La exautoridad indicó que el informe del GIEI debería basarse en una investigación  imparcial, de carácter técnico y sin subjetividades políticas.

Asimismo, el exembajador de Bolivia ante la OEA Jaime Aparicio señaló que el GIEI solo puede hacer recomendaciones basados en su investigación. “No es un informe vinculante, son recomendaciones que se hacen en virtud de los hallazgos que han hecho durante su investigación y esperemos que estas recomendaciones se hagan en forma ecuánime, que no se hagan como fue el informe preliminar, lleno de falsas apreciaciones. Espero que este informe tenga elementos técnicos y no sea un informe político ideológico”, manifestó.