Los líderes del Gobierno proclamaron con frecuencia su intención de mantenerse en el poder a cualquier costo. Dijeron: “No somos inquilinos en Palacio. Hemos venido a quedarnos”. Otras veces reiteraron su deseo de mantener a Evo Morales en el Gobierno de forma indefinida.
El año pasado, el Gobierno usó al sumiso Tribunal Constitucional y su sentencia de habilitación inconstitucional de la candidatura de Evo Morales. Esa decisión autoritaria y antidemocrática generó rechazo nacional, de los partidos  y de una ciudadanía indignada y movilizada para defender, con mucha valentía, su voto del 21-F.

En varios lugares del país hubo plantones frente a instituciones del Estado, sobre todo frente al Tribunal Supremo Electoral, caravanas, entierros simbólicos de víctimas políticas, movilización de los 21 de cada mes, acoso cordial a autoridades del Estado, visitas a sitios públicos, mercados y centros concurridos. “¡Bolivia dijo No!”, retumbó en los Juegos Suramericanos.

A pedido de la OEA, la Comisión de Venecia informó que la reelección indefinida no es un derecho humano de los gobernantes, que no se puede manipular el artículo 23 del Pacto de San José, el derecho de cada país para condicionar el mandato de los gobernantes, la necesidad de reformar la Constitución si se quiere cambiar esas condiciones y someterlas al voto popular de un referendo.

Hasta ahora, el Gobierno no logra articular una respuesta coherente al informe de la Comisión de Venecia. Tan confundido y desorientado está que, contra sus principios, decidió abuenarse con el secretario general de la OEA: le invitaron a visitar el país. “El informe de la Comisión de Venecia no es vinculante”, farfullan los voceros del MAS, pero no se atrevieron a negar el contenido de dicho informe. ¡Quien calla… otorga! 

La movilización ciudadana se articuló en torno a la consigna “Bolivia dijo No”. Sobre todo, mujeres y jóvenes se adueñaron de las calles.
Muchos de ellos no habían participado en los partidos. Incluso hay personas críticas a las prácticas poco democráticas de estos. Sin embargo, en varios foros, debates y seminarios, está en debate la relación de estas plataformas ciudadanas con las organizaciones partidarias en una coyuntura electoral. ¿Se imaginan el poder electoral de una opción que combine la política partidaria y la política ciudadana? Frente a los grandes problemas que el MAS dejará (desinstitucionalización del Estado, irrespeto a las leyes y derechos humanos, extractivismo exacerbado, aislamiento internacional, corrupción crónica, endeudamiento, etc.) es una necesidad la unificación de las fuerzas políticas y ciudadanas
opositoras.

Por su parte, el Gobierno, en plena campaña electoral, intenta mejorar la decaída imagen de su único e insustituible candidato aunque sin mucho éxito. Los viajes a Rusia y China, si se fijan en los spots televisivos del Ministerio de Comunicación, apuntan a diseñar la imagen de un presidente que se codea con gobernantes de grandes potencias mundiales. Necesitan mostrar un gobernante preocupado por la firma de diversos proyectos e incluso preocupado por el tema del mar. ¡La imagen del Gobierno está por los suelos!
La repostulación está enfrentada a un gran rechazo nacional de movimientos ciudadanos y partidarios.