En menos de dos semanas se realizaron cinco audiencias disciplinarias en la Fiscalía Policial de Cochabamba contra oficiales procesados por el denominado caso “motín” de 2019. Ante la ausencia del abogado defensor de los efectivos, todas fueron suspendidas. 

La primera, contra José Vargas Barrón, fue postergada para el 27 de julio. El lunes se realizó la audiencia contra Daniel Capriles, también suspendida para el próximo 28 de julio, y ayer, otras tres audiencias disciplinarias fueron postergadas .

El constitucionalista José Antonio Rivera explicó que hay tres razones por las que un procesado asiste a una audiencia sin su abogado defensor: porque no tiene los recursos para contratar un abogado, porque su defensa tiene otra actividad que tendría que estar acreditada para suspender la audiencia o porque se trate de “una estrategia dilatoria”. 

“No estoy analizando ningún caso concreto. Si es que se presenta el caso, como parte de una estrategia dilatoria, el abogado, a pesar de no tener impedimento alguno, no compadezca en la audiencia y sólo va el procesado, efectivamente la audiencia tiene que suspenderse”, indicó. 

Acotó que “no puede realizarse una actuación procesal sin la concurrencia del abogado defensor” en cumplimiento al derecho inviolable a la defensa. 

Procesos

El Gobierno, a través del Viceministerio de Descolonización, presentó en enero una denuncia contra 26 policías en el país, a quienes acusa de cometer faltas graves comprendidas en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía durante el denominado motín de noviembre de 2019.