El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, presentará este viernes su informe final en la Cancillería en el que remarcará, como un eje esencial, el resarcimiento a las víctimas, pero también presentará observaciones a la actuación de la justicia.

Fuentes consultadas indican que las observaciones al desempeño de la justicia pueden dar lugar a recomendaciones.

Según fuentes relacionadas con el proceso, el informe será vinculante y el GIEI establecerá las responsabilidades del Estado boliviano por la violencia de 2019 y planteará un programa de reparación en favor de las familias que sufrieron pérdidas durante esos acontecimientos. El reporte no se limitará a la intervención militar en Sacaba y Senkata, pues será el resultado de los hechos posteriores a las fallidas elecciones de octubre de 2019 hasta los acuerdos que firmó el gobierno de Jeanine Áñez para pacificar el país, a mediados de diciembre de 2012.

“El informe va a recomendar un plan integral de reparación y dará las pautas centrales de indemnización hacia las familias víctimas. Hay niños huérfanos. Hay familias que han quedado desprotegidas porque eran mantenidas por las personas fallecidas. Existen daños sicológicos”, apuntó David Inca, dirigente de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto que acompañó a los deudos de los fallecidos en Senkata.

“En este informe recomendarán el inicio de juicios penales, civiles y administrativos que correspondan, van a mencionar con nombre y apellido a las personas que han vulnerado derechos humanos, en diferentes grados y tipos penales, en el caso boliviano, y en la tipología internacional de derechos humanos, dependiendo del grado de violación que ha habido, a la vida, a la libertad, a la expresión, al voto, a una sucesión constitucional, etcétera”, dijo el dirigente de Derechos Humanos.

Por su lado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también anticipó que el Estado deberá asumir una responsabilidad sobre estos casos. “Veremos, seguramente, responsabilidades del Estado, tanto en las muertes de Sacaba, Senkata y Huallani; toda la zona sur de La paz, en Potosí e incluso Montero (donde murieron dos cívicos cruceños)”, afirmó la autoridad.

El ministro prevé que el reporte del GIEI señale “omisiones” cometidas por el gobierno y las fuerzas del orden cuando Evo Morales era presidente, pero también por las “acciones mal llevadas por Áñez”. “Se firmó un decreto que era prácticamente una licencia para matar”, dijo.

“Nos interesa la vida de todas las personas, sean del MAS, de Creemos, de Comunidad Ciudadana; todos los hechos deben investigarse por igual”, afirmó.

“Es un informe que es esperado por familiares que declaran vulneración extrema de derechos. Esto será fundamental para el esclarecimiento de los hechos de 2019”, remarcó del Castillo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), afirmó que se trata de un informe “vinculante”. La autoridad legislativa recordó que la CIDH presentó un informe preliminar el 10 de diciembre de 2019 y estableció “que hubo un uso excesivo de la fuerza, “masacre”.

En ese marco, recordó que hace algunos días el mismo secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “finalmente reconoció que hubo una masacre”.

“Este informe debe quedar como un ejemplo para no usar la fuerza de manera desmedida contra la población. Esperamos que se genere conciencia y sensibilidad para o usar las fuerzas de coerción contra el pueblo en todos los países de la región”, dijo.

Frente a esa opinión fue consultado sobre la represión que se registra en naciones como Nicaragua y Cuba. Rodríguez dijo desconocer el origen del conflicto nicaragüense y resaltó la necesidad de respetar la independencia de las naciones de la región.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, espera que el reporte de los expertos sea “esclarecedor”.
“Somos respetuosos del organismo internacional. Ojalá que el informe sea esclarecedor y ojalá que permita mostrar al país un conocimiento adecuado de lo que realmente pasó en el proceso desde el fraude, el inicio de la transición y los hechos posteriores hasta Senkata y Sacaba. Somos optimistas y esperamos que el informe sea esclarecedor”, remarcó.

Inca recordó que el 10 de diciembre de 2019, la CIDH presentó un informe preliminar con 16 recomendaciones y una de ellas fue la de crear, justamente, una comisión que esclarezcan los hechos y repare los daños.

Resarcimiento

Precisamente, el gobierno de Luis Arce apoyó la realización de esta investigación y advirtió que esperaría los resultados para que con ellos se generen los procesos que debían instalarse en contra de los responsables de la violencia.

Pero todo se adelantó. El 12 de mayo, la expresidenta Jeanine Áñez fue detenida en Trinidad, y comenzó el proceso en su contra por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Pese a que, según algunos abogados constitucionalistas, debería ser procesada a través de un juicio de responsabilidades, supuestas acciones para tomar el poder como senadora la llevaron a la vía ordinaria y en ese proceso, ella está con detención preventiva en la cárcel del Miraflores, al igual que dos de sus exministros y los excomandantes del Ejército, de la Armada y de la FAB.

El informe perdió relevancia tras ese hecho. Y más, cuando el 22 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que “podría darse contradicciones, que el GIEI diga blanco y la Fiscalía negro. En ese caso la soberanía del país va a primar, pero seguramente la credibilidad de la Fiscalía y del mismo acusador va a quedar seriamente dañada”.

En mayo Julián Burger, uno de los expertos del GIEI Bolivia, adelantó que se retrasaría la entrega para julio y prometió un informe “veraz” y “equilibrado”.

En ese ámbito, al menos tres fuentes confirmaron a este medio que el informe tendrá en su contenido un espacio destinado a resumir las observaciones que plantea el GIEI, respecto a la forma en la que la justicia boliviana ha llevado adelante este proceso, aunque se desconoce si es que llegará a considerar si es que hubo o no excesos en este punto.

El abogado de Jeanine Áñez, Jorge Valda, anunció que en las últimas horas presentó una solicitud de audiencia a esta instancia, para que la expresidenta pueda ampliar su declaración.

“Agregamos información esclarecedora y de reciente obtención, con últimos componentes investigativos, el informe de la Conferencia Episcopal, las declaraciones de los integrantes del Alto Mando y otros que nos dan un panorama mucho más claro respecto a un golpe inexistente”, dijo.

El abogado relató que el documento fue dirigido al secretario general del GIEI, Jaime Vidal, y a varios de sus expertos y sus asistentes. “Entiendo que por la premura del tiempo, el viernes entregan el reporte, no se ha podido llevar adelante la reunión, pero estamos expectantes que hayan considerado de manera “objetiva” los elementos entregados. “Recibieron documentos, audios, videos, y recibimos justamente este martes (ayer), el acuso de recibo de la información enviada. Está firmada por el señor Vidal. Lo que no respondieron positivamente fue una audiencia”, señaló Valda.