Los parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron esta tarde que no responderán a los requerimientos de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados  que inició un proceso contra una decena de legisladores de  la oposición que viajaron a Estado Unidos a denunciar una presunta “persecución política” del Gobierno.

La denuncia fue interpuesta por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y fue aceptada el 24 de junio, informó entonces el presidente de esa instancia de fiscalización Quintín Villazón, asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS). "Se ha admitido la denuncia y han sido notificados. Los acusan de haber viajado sin pedir permiso de la Cámara e ir en representación de la Cámara" 

En una rueda de prensa, Marcelo Pedrazas, de CC, dijo que rechazan esta investigación y que o responderán a los requerimientos que les hagan, puesto que viajaron conforme a lo establecido entre sus atribuciones como asambleístas.

“Nosotros, como bancada de Comunidad Ciudadana, y como quienes hemos asistido a hacer estas denuncias de violación a los derechos humanos, vamos a rechazar a esta comisión. (…) Al mismo tiempo queremos dejar establecido que no le vamos a dar ninguna explicación a nadie, peor al masismo”, aseguró.

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Pedrazas afirmó que la Comisión de Ética, presuntamente integrada por tres oficialistas y tres opositores, fue nombrada de manera irregular, porque no se tomó en cuenta la sugerencia de la bancada de Creemos para su  conformación.

Esta instancia está integrada por un “pseudo opositor”, añadió en referencia al diputado Omar Rueda, de quien dijo que es un: instrumento de “persecución” y “amedrentamiento” del MAS.

En abril, tras la detención de la expresidenta Jeanine y dos exministros, una delegación de diputados y senadores de Creemos y CC viajaron a denunciar la “persecución política” del Gobierno de Luis Arce en contra de opositores, por el supuesto "golpe de Estado" ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Human Rights Watch.