El representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca, adelantó este martes que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para Bolivia (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identificará con nombre y apellido a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el 2019.

“En este informe van a recomendar juicios penales, civiles y administrativos que correspondan, van a nombrar con nombre y apellido a las personas que han vulnerado derechos humanos, en diferentes grados y tipos penales, en el caso boliviano, y en la tipología internacional de derechos humanos, dependiendo del grado de violación que ha habido, a la vida, a la libertad, a la expresión, al voto, a una sucesión constitucional, etcétera”, precisó.

El informe que será presentado el próximo 23 de julio, tendrá un carácter vinculante para todas las autoridades civiles y militares del país, señaló Inca.

“Lo importante de este informe, que será presentado esta semana, es que primero es vinculante, eso quiere decir que todas las autoridades civiles y con uniforme tiene la obligación de cumplirlo, como también los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral”, complementó.

Dijo que el documento del GIEI en materia de reparación, establecerá un plan integral para el entorno familiar de las víctimas de las masacres y de las personas que sufrieron torturas durante el régimen de Jeanine Añez.

“Lo que a nosotros nos interesa como institución de Derechos Humanos, es que por primera vez se va a sugerir un plan integral de reparación para las víctimas, no solamente para la víctima, sino para las víctimas; estamos hablando del entorno familiar, de los huérfanos, para las viudas, los heridos, las personas que han sido torturadas, tiene que haber una atención psicosocial y eso lo va a asumir este Gobierno”, dijo el representante.

Sobre los juicios que se tengan que instaurar, refirió que serán directamente procesos penales ordinarios, a excepción del juicio de responsabilidades que correspondería a la expresidenta de facto Jeanine Añez.

“Hay tipología internacional, uno es los juicios extrajudiciales que caen directamente en el Decreto Supremo 4078, porque en este Decreto prácticamente autorizó el uso de las armas y garantizaba la impunidad hacia militares y policías que han ejecutado los planes operativos”, complementó.

El informe preliminar de la CIDH del 10 de diciembre de 2019, estableció que en el mes de noviembre de 2019 se cometieron juicios extrajudiciales, graves vulneraciones a los derechos humanos, asesinatos, masacres y torturas.

El GIEI-Bolivia fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.