El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, anticipó este martes que se analiza la posibilidad, junto a la Procuraduría General del Estado (PGE), de iniciar procesos penales en el exterior contra “altas autoridades” de otros países y organismos internacionales por su participación en el presunto golpe de Estado de 2019.

“Tienen que (…) esclarecerse las responsabilidades, responsabilidad nacional e internacional, eso se va a analizar con la Procuraduría General del Estado, que tiene que ver con los intereses del Estado, y esta función será también para ver el proceso,  procesos penales en Bolivia y si hace falta activar procesos penales internacionales porque (…) la impunidad no puede reinar, así sean altas autoridades de otros países, así sean actores de política internacional”, dijo.

Agregó que todos tienen que asumir la responsabilidad en lo que ha sido en la “ruptura de un escenario democrático” de 2019, que según su criterio, fue “preparado” con el pretexto de fraude electoral.

Pues, “no solamente países (están involucrados), también escenarios multilaterales y bilaterales, qué pasó con la OEA (Organización de Estados Americanos), que pasó con la Unión Europea, que en ese momento han sido detractores de la democracia y desde luego que todos se han vinculado para respaldar lo que ha sido una ruptura de un escenario democrático”, afirmó Cox en una entrevista con Red Uno.

El 20 de octubre de 2019 se realizaron elecciones generales que dieron como ganador nuevamente al entonces presidente Evo Morales, pero ese resultado fue cuestionado por una serie de denuncias de presunto fraude electoral que derivaron en una ola de protestas de sectores opositores al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las movilizaciones continuaron durante varias semanas hasta que el 10 de noviembre del mismo año Morales decidió renunciar a su cargo asfixiado por las protestas, un motín policial e incluso una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después y en medio de una convulsión social protagonizada por sectores que pedían el retorno de Morales, asumió la presidencia la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición que se dio a partir de reuniones extralegislativas con la participación de distintos actores.

Y este año se conoció que durante esa crisis de 2019 Ecuador había prestado al gobierno de Áñez material antidisturbios y que Argentina también había enviado al país una serie de elementos. Hechos que ahora están en proceso de investigación tanto en el Estado Plurinacional como en la justicia de los países involucrados.