El Gobierno de Bolivia se encuentra envuelto en un lío judicial con Argentina por el envío de armamento durante los conflictos postelectorales de 2019, hecho que salpica a EEUU y en el que también se involucró anteriormente a Ecuador, Brasil y Chile. 

La denuncia por el delito de tráfico ilegal de armas está anunciada contra el exembajador argentino Normando Álvarez, de la gestión del expresidente Mauricio Macri, y los excomandantes de la Policía, Yuri Calderón y Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, durante el mandato transitorio de Jeanine Áñez.

Actualmente, Álvarez es Ministro de Trabajo en la provincia de Jujuy, en Argentina, mientras que, en Bolivia, Calderón está prófugo de la justicia y Terceros se encuentra con detención preventiva en el caso denominado golpe.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, según EFE, se refirió a este caso en una conferencia de prensa con el actual embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro y el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, donde mostró las municiones enviadas por la Gendarmería de Argentina, durante el gobierno de Macri, y que se encontraban en los depósitos de la Policía.

Dijo que el inicio fue una nota diplomática que Álvarez envió a la Cancillería boliviana pidiendo "la autorización de ingreso" al país de personal, material y equipamiento de una unidad especial de la Gendarmería Argentina el 13 de noviembre de 2019, horas después de que Áñez asumiera el mando interino.

"Hay dos tipos de materiales que ingresaron ese 13 de noviembre al país, uno de manera legal, que fue autorizado con nota previa para la Cancillería y otro con armamento antidisturbios que no fue autorizado", señaló.

Parte de ese material fue a la residencia de la embajada de Argentina en La Paz y otro tanto a la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) "sin ningún tipo de documentación", mencionó.

Además de otra cantidad "que aún se encuentra en investigación", señaló el ministro sobre el material que el Gobierno cree que se usó en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y ve intención dolosa del alto mando policial.

En su informe, Del Castillo mencionó que en depósitos de la Policía se hallaron 26.900 cartuchos de perdigón de goma, varias unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4, granadas de gas CN, H y CS 2, además de tipo béisbol, que estaban guardadas como otro material.

Asoció esto con un "tráfico ilícito de armas" que está penado en Bolivia con hasta 30 años de presidio y que por ello "presentará la denuncia correspondiente" contra miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, además, "del cuerpo diplomático" que trajo esa carga "ilegal".

UN PLAN

El ministro de Gobierno relacionó este hecho, por el que se acusa a la Administración del expresidente argentino Mauricio Macri de estar involucrado con la operación que se efectuó el 15 de noviembre de 2019, cuando llegó a Bolivia una carga similar otorgada por el Gobierno ecuatoriano.

"Hasta aquí podemos ver de que había un plan continental para reprimir al pueblo boliviano", aseguró la autoridad.

El funcionario estableció, además, una relación con un supuesto "manual" para un "golpe de Estado" que, a su juicio, salió a la luz cuando el 24 de julio de 2019 el entonces secretario adjunto del departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), Kevin O'Reilly, se refirió a un "fraude electoral sin pruebas" tres meses antes de los comicios anulados de ese año.

Incluso, Del Castillo mencionó que el funcionario estadounidense llegó a Bolivia y "se reunió con personeros de la embajada de Perú, Argentina, Brasil, la OEA y la Unión Europea" para "insinuar la posibilidad de un fraude en Bolivia".

La idea de que la crisis de 2019 fue un "golpe de Estado" ha derivado en una investigación por la que exfuncionarios como la expresidenta interina Áñez, dos de sus exministros y varios exjefes militares están en prisión acusados por delitos como terrorismo, sedición y conspiración. 

Según la autoridad, citada por ABI, las investigaciones, conforme vayan avanzando, demostrarán la participación o no de los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López e incluso de Jeanine Áñez.

Justicia argentina inicia acciones

En Argentina, el juez Javier López Biscayart conoció la causa judicial por el delito de contrabando agravado de armas a Bolivia en la que están imputados el expresidente Mauricio Macri, los exministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad; el exembajador Normando Álvarez García y el exjefe de la Gendarmería argentina, Gerardo Otero, reportó ABI.

La autoridad avanzó ayer en el análisis de la denuncia. En primer lugar, según Infobae, habilitó la feria judicial y reclamó una serie de documentación y diligencias para esclarecer el escenario de la denuncia, luego del dictamen fiscal. El juez quiere saber si desde la embajada argentina en Bolivia se pidió protección.

Mientras tanto, Bullrich, exministra de Seguridad y presidenta del PRO se presentó en la causa y nombró un abogado defensor. Lo mismo hizo el ex jefe de Gendarmería Néstor Otero. 

La Unidad de Información Financiera pidió documentación, sin embargo, el juez rechazó el planteo. 

Por el momento, no hay ninguna hipótesis de lavado de dinero en la investigación para que pueda tomar intervención en el expediente.

El Gobierno pidió investigar los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.

Por el momento, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a tres gendarmes: Gerardo José Otero, (ex director nacional de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería). Es que Gendarmería fue la fuerza que llevó las armas a Bolivia que, según la denuncia, habrían sido usadas para la represión ese país.

Apuntes

• El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que es una “tramoya vergonzosa” que se pretenda instalar la versión de que el envío de material antidisturbios desde Ecuador y Argentina haya sido la base para un “golpe de Estado” en 2019. Observó que ahora incluso el gobierno tiene la dificultad de “hacer cuadrar” las fechas en el caso del material argentino.

• El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó ayer a Mesa, de justificar el ingreso ilegal de material bélico argentino a Bolivia en 2019, el mismo que “fue usado para reprimir al pueblo en el golpe que él mismo promovió”. Mesa se pronunció después de que, en reiteradas oportunidades, el Gobierno denunció que hubo envío irregular de “armamento” desde Ecuador y Argentina presuntamente para sostener “un golpe de Estado” y reprimir en hechos como los de Senkata y Sacaba.

• El presidente Luis Arce destacó la iniciativa del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que anunció la creación de un comité para apoyar la investigación sobre el presunto golpe de Estado y la colaboración que pudieron brindar algunos gobiernos extranjeros para su ejecución.

• El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, adelantó ayer que en el transcurso de la semana se definirá la conformación de la Comisión Mixta, de oficialismo y oposición, que investigará el envío de material bélico de Argentina a Bolivia.