El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que el Gobierno de Donald Trump estuvo involucrado en la versión de fraude en 2019, año del golpe de Estado. Mientras, en Argentina, el juez Javier López Biscayart habilitó la feria judicial para que avance la causa por contrabando agravado de armas a Bolivia en la que están imputados el expresidente de ese país Mauricio Macri, los exministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad, el ex embajador Normando Álvarez García y el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero. Ordenó, además, una serie de medidas que había solicitado el fiscal Claudio Navas Rial.

“En julio de 2019, el 24 de julio, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O’Reilly, del gobierno de Trump, llegó a Bolivia; se reunió con los embajadores de Perú, Argentina, Brasil, la OEA y la Unión Europea. Este señor empezó a insinuar la posibilidad de un fraude en Bolivia, sin pruebas”, aseveró la autoridad gubernamental.

Del Castillo recordó que el 20 de octubre de 2019, jornada de elecciones presidenciales en Bolivia, el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se declaró ganador, cuando el conteo de votos no había finalizado y el postulante del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, tenía ventaja en los datos de votación.

“El 21 de octubre, al día siguiente, se inician las movilizaciones en nuestro país, siguiendo el manual de los Estados Unidos sobre un supuesto fraude electoral. Días más tarde, el 24 de octubre, en el cómputo oficial, cuando llega al 99,99% del escrutinio, se vislumbra ante el pueblo boliviano y el mundo que Evo Morales había resultado ganador con una ventaja del 10,56% sobre el candidato Carlos Mesa”, sostuvo.

Acusó O’Reilly de insinuar la probabilidad de un fraude cuando se reunió con varios diplomáticos y que eso contribuyó al escenario de conflictos en el país. Posteriormente, la OEA confirmó que sí hubo y eso desencadenó la renuncia y salida de Morales del país.

En Buenos Aires, el juez López Biscayart le dio curso a buena parte de los pedidos del fiscal Navas Rial sobre la acusación contra el exmandatario Macri y dos de sus exministros. Medios argentinos informaron que no se conoce aún todo lo que requirió el fiscal.

Las medidas de prueba que pidió el juez buscan reunir la documentación de Cancillería, los ministerios de Seguridad y Defensa, la Aduana, la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), desde documentos hasta registros fílmicos del momento de carga y descarga del avión que llevó las armas a Bolivia.

En la resolución del juez López Biscayart también consta que la exministra Bullrich designó como abogado a Julián Marcelo Curi, que fue subdirector de migraciones durante el gobierno de Macri. Y que rechazó la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, de meterse en la causa. Las investigaciones se realizan en dos países e involucran, por ahora, al entonces gobierno argentino.