Militares y expertos coincidieron ayer, por separado, que el armamento recibido por los Diablos Negros, dependientes de la Fuerza Aérea Boliviana, que llegó de Argentina junto con los integrantes del grupo de élite Alacranes el 13 de noviembre de 2019 no alcanzaba ni para armar a un regimiento, para promover un proceso sedicioso o para traficar con armas, como denuncia el Gobierno.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, explicó que el material bélico que llegó fue registrado en 27 ítems de un manifiesto. Entre ellos se describe la remisión de 10 bultos de chalecos, 27 bultos de cargadoras Block, fúsil Colt M4, un bulto de escopetas Franchi Spas 15 calibre 12/70, sub fusil Misión ametralladora MACAL, dos bultos de visor nocturno, dos bultos de visión modular, 2.459 cartuchos de calibre 9 mm y 750 bultos de cartuchos calibre 5.56.

Recalcó que fueron enviados el 12 de noviembre de 2019, con una lista con los nombres de cada persona, sus chalecos, pistolas, cargadores y cascos.

El experto Samuel Montaño consideró que con esta denuncia el Gobierno está “incurriendo en un papelón” porque es normal que las embajadas de un país, cuando se genera un conflicto interno como el que se dio en el Bolivia tras el fraude de las elecciones de octubre de ese año, la protesta de los 21 días, y la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales, mantienen una escuadra, un pelotón, para proteger la infraestructura y a los diplomáticos si son atacados.

“Eso está permitido a escala internacional. Si usted revisa la lista de 10 a 12 hombres, y compara con la lista de armamento, coincide con el número integrantes del grupo Alacranes. Por ejemplo, si suma usted el material de fusilería, coincide con la cantidad de personal trasladado”, dijo.

El avión Hércules llegó efectivamente a una pista militar. “No podía entrar en plataforma civil. Cada carabina pesa 3,5 kilos, multiplique por cinco, son más de 18 kilos, el peso de una garrafa de gas. Los fusiles, pesan de 4 a 4,50 y los traen en cajas”.

Advirtió que cuando descendieron del avión, “obviamente la FAB debe registrar qué traían en esas cajas. Por ese motivo se levantó un listado y ese documento es el que llegó a manos del ministro Novillo”, señaló Montaño.

El experto hizo notar que no es un armamento homogéneo, lo que es típico de los grupos tácticos de operación. “Eso demuestra que trajeron armamento para contrarrestar distintos niveles de amenazas, desde escopetas con balines, hasta fusiles de repetición”, manifestó.

Por otra parte, explicó que las FFAA bolivianas tienen 50.000 hombres, por lo tanto “es ridículo que se piense en decir que ese armamento era para apoyar un proceso sedicioso”; tampoco se puede hablar de contrabando o tráfico de armas porque la cantidad es mínima.

Por su parte, el general retirado del Ejército Tomás Peña y Lillo coincidió con la versión de Montaño. “Las FFAA tienen una cantidad necesaria de material bélico, el ministro Novillo habla de una cosa de 27 ítems incluidos fusiles M-4, cargadores y otros, eso definitivamente no alcanza para armar ni siquiera a un regimiento”.

Complementó que “las cantidades para un eventual proceso sedicioso o para un presunto tráfico de armas son ridículas, no tiene sentido. Si hablamos de un avión, se debe tomar en cuenta que el material bélico llega en bultos mucho más grandes. Como su peso es enorme, se utiliza transporte marítimo y terrestre”.

Explicó que muy pocas veces el material de guerra viaja por vía aérea, por el costo “y porque entra muy poco en una aeronave. Es lógico que esas armas eran para el grupo táctico argentino, y recuerde que el ministro Novillo mostró la nómina”, dijo.

El expresidente Carlos Mesa calificó este lunes como una “tramoya vergonzosa” las denuncias que surgen desde el Gobierno por el traslado de armamento desde Argentina y Ecuador a Bolivia, en noviembre de 2019.

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC) considera que la administración del MAS busca sustentar esa teoría para reforzar su premisa de un supuesto “golpe de Estado” en Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales a la jefatura de Estado.

“Pretende hacerle creer ahora no solamente a Bolivia, sino a la Argentina y también, incluso, al Ecuador, que unos gases lacrimógenos y material de defensa de una embajada fue la base de la construcción de un, comillas, ‘golpe de Estado’”, dijo en conferencia de prensa el exmandatario.

La otra lista

El Gobierno presentó otro material que llegó de Argentina en 2019 en ese mismo vuelo, pero que fue entregado a la Policía, y permanecía en sus depósitos. Apuntan que esa institución y las Fuerzas Armadas (FFAA) recibieron gran parte del material, pero también se advierte que existe una cantidad faltante, que pudo ser desviada a terceras personas.

Por ese material, que es antimotín, fue que supuestamente el excomandante de FAB Gonzalo Terceros envió una carta de agradecimiento al exembajador de Argentina Normando Álvarez.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, involucró al excomandante de la Policía Yuri Calderón, a Terceros y a Álvarez en el delito de tráfico ilícito de armas, que en el país tiene una pena de 30 años por las agravantes del caso.

Señaló que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la sanción por ese delito es 15 años de cárcel, pero con la agravante de ser personal militar o policial sube a 30 años sin derecho a indulto.

Actualmente, el exembajador Álvarez es ministro de Trabajo en la provincia de Jujuy. Entretanto que el excomandante Calderón está prófugo de la justicia y el excomandante Terceros está detenido por el caso denominado “golpe”, en el marco del cual brindó su versión sobre los hechos de 2019 y el rol de Evo Morales, lo cual desató críticas de parte del MAS.

“Presumiblemente se ha utilizado (el armamento) en las masacres de Sacaba y Senkata. Del cargamento ilegal, una gran parte fue a la Policía, otra a la FAB y otra gran parte estamos investigando dónde se encuentra, o si fue utilizada en las masacres de Sacaba y Senkata”, dijo Del Castillo.

Aseguró que los efectivos policiales no usaron ese material en las intervenciones de 2019, por lo que resta investigar si lo mismo pasó con las FFAA o con la cantidad faltante del cargamento, razón por la que se continuará indagando cómo fueron administradas las municiones y los agentes químicos.

Del Castillo ratificó que el 11 de noviembre el embajador de Argentina en Bolivia envió una nota a la Cancillería solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para la Agrupación de Fuerzas Especiales denominada “Alacrán” de ese país. Del Castillo informó que la Policía Boliviana las autorizó. 

También indicó que el material señalado fue trasladado por el avión Hércules C-130, el mismo en el que llegó el armamento militar. “Hay dos tipos de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno de manera legal que fue autorizado por el IICUP con nota previa en cancillería, específicamente para brindar seguridad a la embajada argentina y otro, armamento antidisturbios no autorizado, debido que no cuenta con registro formal ni ha seguido los procedimientos establecidos en la Ley 400”, denunció el titular de Gobierno.

La autoridad aseveró que, de forma irregular, han ingresado al país cerca de 27.000 cartuchos de perdigones de goma, 28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS.