Después que la Sala Constitucional Primera de La Paz anulara la designación de vocales departamentales, el Tribunal Departamental de Justicia quedó con siete acefalías y esta semana suman otras seis, lo que supone que operarán con el 36,11 por ciento menos de vocales, extremo que retrasará los procesos, manifestó a EL DIARIO el representante distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, Marco Antonio Cárdenas.
Aclaró que esas acefalías de vocales afectan de sobremanera a la fluidez de los procesos y a una respuesta rápida ante las demandas planteadas por la ciudadanía.
“Imagínense la cantidad de procesos que se van a retrasar por la no designación de estos 13 vocales. Ahora tenemos siete acefalías, la próxima semana se cumplen seis más. Estamos hablando de más de 36 % porque tenemos 36 vocales y van a estar acéfalos 13”, advirtió.
Cárdena explicó, por ejemplo, que al momento dos vocales se distribuyen el trabajo de tres salas civiles, frente a una gran demanda de la población que recurre ante esa instancia.

ANULACIÓN
El 9 de junio de 2021, en una audiencia que se instaló a las 16.00 y duró más de ocho horas, el vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, determinó anular el acuerdo 12/2021 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el cual eligió a nuevos vocales de siete tribunales departamentales de justicia (TDJ).
La demanda fue presentada por los diputados del Movimiento al Socialismo MAS, Froilán Mamani (titular) y Leticia Nesta (suplente), contra los miembros del TSJ y de la Magistratura.
El 7 de junio de 2021, postulantes a vocales denunciaron la injerencia del MAS y del Gobierno, con el fin de sacarlos de los cargos y posesionar a quienes ocupan los primeros puestos –según sus calificaciones– pero que estos serían exvocales y jueces denunciados por corrupción y cuestionados por innumerables fallos “ilegales” a favor del Gobierno, en procesos en los que se persigue y encarcela a los opositores.
En la fundamentación de la resolución, Campero explicó que la designación de los vocales fue un “acto administrativo” y no judicial del TSJ, por lo cual existía un criterio “discrecional” que no puede ser cuestionado al elegir a los postulantes según criterios personales, aunque este derecho debe estar “reglado” (regulado) y expresado en un acta que deber ser pública para verificar que no sea una selección “arbitraria”.