El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que se investiga si el «material faltante» del envío de pertrechos realizado en noviembre de 2019 desde Argentina a Bolivia fue utilizado en las «masacres» de Sacaba y Senkata.

Según la autoridad gubernamental, una parte de ese material, constituido por municiones, proyectiles y granadas, fue entregado a la Policía Boliviana sin ningún tipo de documentación.

Otra “gran parte fue entregado a la Fuerza Aérea del Estado Plurinacional de Bolivia (también) sin ningún tipo de documentación y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fue utilizado en las masacres de Senkata y Sacaba”, dijo Del Castillo en una conferencia de prensa en la que presentó los elementos encontrados en los depósitos de la Policía Boliviana.

Inicialmente, el Ministro informó que 11 de noviembre de 2019, el entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, había enviado una nota a la Cancillería del Estado Plurinacional solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para la agrupación de fuerzas especiales “Alacran” de la Gendarmería del vecino país.

Es decir, un día después de que Evo Morales renunció a la presidencia y un día antes de que Jeanine Áñez asuma la jefatura del Estado a través de un cuestionado proceso de transición en medio de una convulsión social.

Luego, “el mismo 12 de noviembre que la señora Jeanine Añez se autoproclamó (como presidenta), el IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial) de la Policía Boliviana autorizó la internación y el porte temporal en Bolivia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados al personal de Alacran a solicitud de la Embajada de aquel país mediante una nota en Cancillería”, agregó.

Es así que ese día, a las 23.50, partió un avión C-130 con material antidisturbios desde Argentina y llegó a la base aérea de El Alto entre las 04.00 y 05.00, según datos del Ministerio de Gobierno.

Además, ese “13 de noviembre al amanecer, (cerca de las 05.00) y en cumplimiento a instrucciones realizadas por el ahora excomandante de la Policía Yuri Calderón, efectivos policiales se dirigieron al Hotel Plaza Real (ex Radisson en La Paz) a recoger personal diplomático argentino y (trasladar) a El Alto, donde había aterrizado el C-130 argentino con el grupo especial Alacran con los armamentos y todas las municiones”, indicó.

Después, el personal diplomático argentino, escoltado por la Policía Boliviana, abordó dicho avión para el retorno a su país. Pero antes, de esa aeronave bajó personal uniformado argentino autorizado, que descargó cajas plásticas, cajas de madera, cajas embaladas con estopines, municiones y otros elementos.

“No obstante, llegaron (además) otras municiones, otras granadas y otros proyectiles, que no fueron ni solicitados ni mucho menos autorizados por las autoridades correspondientes de turno”, subrayó Del Castillo.

Posteriormente, a las 07.00 del mismo 13 de noviembre, según la autoridad, se procedió a trasladar el material de El Alto a la residencia de la Embajada de Argentina en La Paz.

“Una vez en la residencia, el personal uniformado de Argentina realizó la entrega a la Policía Boliviana de una cantidad (del material) y los efectivos bolivianos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, cajas de proyectiles y cajas de granadas, (mientras) otra gran parte fue entregada a la Fuerzas Aérea (…) y hay un faltante que aún se encuentra en investigación”, ratificó.

Entonces, de acuerdo al Ministro de Gobierno, “hay dos tipos de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre”.

Es decir, “uno de manera legal que fue autorizado por el IITCUP con nota previa en Cancillería específicamente para brindar seguridad a la Embajada de Argentina y otro armamento antidisturbios no autorizado, que no cuenta con ningún registro formal ni siguió los procedimientos establecidos en la ley boliviana 400”, enfatizó.

 Es así que solo para la Policía Boliviana, según los datos de la autoridad, de «manera irregular y sin cumplir la normativa legal vigente» en el país, han ingresado cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, además de gases de aerosol y granadas de gas.

“Así también ese 13 de noviembre, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, envió una nota de agradecimiento a Normando Álvarez, pero con otras cantidades (de materiales) de las que se encontró en las bodegas de la Policía, lo que nos hace presumir que las Fuerzas Armadas (igual) recibieron más material”, insistió.

Además, de acuerdo al Ministro, “de manera dolosa y mal intencionada” se trató de esconder esos elementos dentro de las instalaciones de la Policía porque estaban “en una bolsa de cuero con un letrero que decía guantes, cuando en su interior se encontraban municiones que ingresaron al país de manera irregular”.

Por tanto, Del Castillo consideró que se vulneró la Ley 400, que es una normativa boliviana que tiene por objeto normar, regular y controlar la fabricación, importación, exportación, internación temporal y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas clasificadas tendientes a la fabricación de explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, componentes y otros materiales relacionados.

“En este sentido, el general Terceros, el general Yuri Calderón y el embajador de Argentina del gobierno de Mauricio Macri han vulnerado la Ley 400 en sus artículos 6, 26, 28 y 29 y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley. Con estas vulneraciones a la normativa podemos decir que, según el artículo 141 del Código Penal Boliviano, lo que pasó es tipificado como tráfico ilícito de armas”, indicó.

En consecuencia, según la autoridad, Calderón, Terceros y el exembajador cometieron el delito de tráfico ilícito de armas.