En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que las municiones antitumultos que llegaron irregularmente de Argentina (bajo la cobertura de otro material legalmente internado) fueron entregados a efectivos policiales bolivianos en predios de la residencia de la embajada de ese país en La Paz.

El ministro detalló que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, un contingente policial llevó “personal diplomático argentino” del exhotel Radisson al aeropuerto de El Alto; allí ya había aterrizado el avión Hércules trayendo al grupo uniformado Alacrán, el que tras bajar del avión descargó cajas plásticas, de madera, embaladas “con estopines, municiones y otros”.

“Este personal uniformado (Alacrán) indicó que la coordinación ya se había realizado con el comandante general de la policía boliviana (Yuri Calderón)”, detalló Del Castillo.

Lo peculiar vino después, reveló: Una vez que a las siete de la mañana del 13 de noviembre se trasladó el material a la residencia de la embajada argentina, en esta legación “uniformados de Argentina realizan la entrega a la Policía Boliviana una cantidad (del material antidisturbios) los efectivos reciben, sin ningún tipo de documentación, cajas de municiones, cajas de proyectiles, cajas de granadas, para la Policía Boliviana, y gran parte fue entregada a la Fuerza Aérea, sin ningún tipo de documentación”.

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Como parte de la indagación que se está haciendo del destino que finalmente tuvo la munición enviada desde Argentina en 2019, en los depósitos de la Policía Bolivia se vio que de alguna manera se trató de “esconder” dicho material, añadió.

Mostrando fotografías, reveló que se intentó esconder la munición rotulando sus contenedores con otras denominaciones. “De manera dolosa, de manera malintencionada, habrían tratado de esconder estas municiones dentro de las instalaciones de la Policía Boliviana, donde en una bolsa de cuero tiene un letrero que dice ‘guantes’, cuando en su interior se encontraba las municiones que ingresaron a nuestro país de manera irregular”, destacó el ministro.

“Solo para la Policía Boliviana, de manera irregular, sin cumplir con la normativa vigente, ha ingresado cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS”, informó.

Se presume que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) recibió una mayor cantidad del material antidisturbios, “aunque no se ha constatado de que sea el mismo tipo de material”.

El ministro identificó a los tres máximos responsables en Bolivia del ingreso irregular del material contra disturbios: el comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros; el comandante de la Policía, general Yuri Calderón, y el embajador de Argentina (Normando Álvarez).

Los tres pudieron haber vulnerado los artículos 6, 26, 28, 29 de la Ley 400, y los artículos 29 y 50 de su reglamento.

De la Ley 400, de Control de Armas de Fuego, el artículo 6 se refiere a la información que deben dar la Policía y las Fuerzas Armadas sobre el uso e inventario de las armas y munición que tengan; el 26, que las entidades llamadas a autorizar “la internación temporal” de armamento y municiones son el Ministerio de Defensa y la Cancillería; el 28 trata exclusivamente de la referida autorización a las representaciones diplomáticas; y, el 29 norma la donación de armas y municiones extranjeras, señalando que la única entidad que puede recibir dichos obsequios es el Ministerio de Defensa.

Del Castillo además ratificó que lo ocurrido en noviembre de 2019 consistió en dos ingresos de armas y municiones, uno legal y otro irregular, doloso. El primero fue la llegada oficial de Alacrán, grupo de élite de la Gendarmería Argentina, junto con su dotación de reglamento. Y, uno segundo, irregular, lo que el Ministerio de Seguridad argentino en su denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y otros, calificó de práctico contrabando.

La referida denuncia si bien admite que es un hecho a precisar mejor, habla del ingreso irregular de 70.000 cartuchos antidisturbios (balines), y del traslado encubierto de poco más de 600 granadas de mano de gas de hostigamiento y 100 spray de gas pimienta.

La acusación en que se derivará por estas irregularidades contra los oficiales Terceros y Calderón, y el exembajador Álvarez, es de “tráfico ilícito de armas” (artículo 149 del Código Penal), apuntó Del Castillo en la conferencia. La pena para ambos uniformados (por ser parte de la fuerza pública armada) puede llegar a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

El material antidisturbios, “se presume”, dijo Del Castillo, fue utilizado en los operativos en Sacaba y Senkata. Una vez que las cifras de que habla la denuncia contra Macri en Argentina son mayores a las que hoy dio a conocer el ministro; “presumimos”, dijo, “que el cargamento ilegal, una gran parte fue a la Policía Boliviana; otra gran parte fue a la Fuerza Aérea, y (en cuanto a) la otra parte, la diferencia, estamos investigando dónde se encuentra o si esta fue utilizada en las masacres de Sacaba y Senkata”, concluyó.

Por lo menos preliminarmente, Del Castillo adelantó que, habiendo sido encontrada una parte de la munición en los depósitos de la Policía, lo que obviamente no se usó en la represión, “habrá que ver si el material destinado a la Fuerza Aérea sí fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró.