Medio: La Razón
Fecha de la publicación: lunes 19 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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En conferencia de
prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que las
municiones antitumultos que llegaron irregularmente de Argentina (bajo la
cobertura de otro material legalmente internado) fueron entregados a efectivos
policiales bolivianos en predios de la residencia de la embajada de ese país en
La Paz.
El ministro detalló
que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, un contingente policial llevó
“personal diplomático argentino” del exhotel Radisson al aeropuerto de El Alto;
allí ya había aterrizado el avión Hércules trayendo al grupo uniformado
Alacrán, el que tras bajar del avión descargó cajas plásticas, de madera,
embaladas “con estopines, municiones y otros”.
“Este personal
uniformado (Alacrán) indicó que la coordinación ya se había realizado con el
comandante general de la policía boliviana (Yuri Calderón)”, detalló Del
Castillo.
Lo peculiar vino
después, reveló: Una vez que a las siete de la mañana del 13 de noviembre se
trasladó el material a la residencia de la embajada argentina, en esta legación
“uniformados de Argentina realizan la entrega a la Policía Boliviana una
cantidad (del material antidisturbios) los efectivos reciben, sin ningún tipo
de documentación, cajas de municiones, cajas de proyectiles, cajas de granadas,
para la Policía Boliviana, y gran parte fue entregada a la Fuerza Aérea, sin ningún
tipo de documentación”.
También puede leer: El Gobierno investiga si el
‘material faltante’ del envío argentino fue usado en ‘masacres’: https://bit.ly/3hVilxD
Como parte de la
indagación que se está haciendo del destino que finalmente tuvo la munición
enviada desde Argentina en 2019, en los depósitos de la Policía Bolivia se vio
que de alguna manera se trató de “esconder” dicho material, añadió.
Mostrando
fotografías, reveló que se intentó esconder la munición rotulando sus
contenedores con otras denominaciones. “De manera dolosa, de manera
malintencionada, habrían tratado de esconder estas municiones dentro de las
instalaciones de la Policía Boliviana, donde en una bolsa de cuero tiene un
letrero que dice ‘guantes’, cuando en su interior se encontraba las municiones
que ingresaron a nuestro país de manera irregular”, destacó el ministro.
“Solo para la
Policía Boliviana, de manera irregular, sin cumplir con la normativa vigente,
ha ingresado cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol,
55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS”, informó.
Se presume que la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) recibió una mayor cantidad del material
antidisturbios, “aunque no se ha constatado de que sea el mismo tipo de
material”.
El ministro
identificó a los tres máximos responsables en Bolivia del ingreso irregular del
material contra disturbios: el comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge
Terceros; el comandante de la Policía, general Yuri Calderón, y el embajador de
Argentina (Normando Álvarez).
Los tres pudieron
haber vulnerado los artículos 6, 26, 28, 29 de la Ley 400, y los artículos 29 y
50 de su reglamento.
De la Ley 400, de
Control de Armas de Fuego, el artículo 6 se refiere a la información que deben
dar la Policía y las Fuerzas Armadas sobre el uso e inventario de las armas y
munición que tengan; el 26, que las entidades llamadas a autorizar “la
internación temporal” de armamento y municiones son el Ministerio de Defensa y
la Cancillería; el 28 trata exclusivamente de la referida autorización a las
representaciones diplomáticas; y, el 29 norma la donación de armas y municiones
extranjeras, señalando que la única entidad que puede recibir dichos obsequios
es el Ministerio de Defensa.
Del Castillo además
ratificó que lo ocurrido en noviembre de 2019 consistió en dos ingresos de
armas y municiones, uno legal y otro irregular, doloso. El primero fue la
llegada oficial de Alacrán, grupo de élite de la Gendarmería Argentina, junto
con su dotación de reglamento. Y, uno segundo, irregular, lo que el Ministerio
de Seguridad argentino en su denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y
otros, calificó de práctico contrabando.
La referida denuncia
si bien admite que es un hecho a precisar mejor, habla del ingreso irregular de
70.000 cartuchos antidisturbios (balines), y del traslado encubierto de poco
más de 600 granadas de mano de gas de hostigamiento y 100 spray de gas
pimienta.
La acusación en que
se derivará por estas irregularidades contra los oficiales Terceros y Calderón,
y el exembajador Álvarez, es de “tráfico ilícito de armas” (artículo 149 del
Código Penal), apuntó Del Castillo en la conferencia. La pena para ambos
uniformados (por ser parte de la fuerza pública armada) puede llegar a 30 años
de prisión sin derecho a indulto.
El material
antidisturbios, “se presume”, dijo Del Castillo, fue utilizado en los
operativos en Sacaba y Senkata. Una vez que las cifras de que habla la denuncia
contra Macri en Argentina son mayores a las que hoy dio a conocer el ministro;
“presumimos”, dijo, “que el cargamento ilegal, una gran parte fue a la Policía
Boliviana; otra gran parte fue a la Fuerza Aérea, y (en cuanto a) la otra
parte, la diferencia, estamos investigando dónde se encuentra o si esta fue
utilizada en las masacres de Sacaba y Senkata”, concluyó.
Por lo menos
preliminarmente, Del Castillo adelantó que, habiendo sido encontrada una parte
de la munición en los depósitos de la Policía, lo que obviamente no se usó en
la represión, “habrá que ver si el material destinado a la Fuerza Aérea sí fue
utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró.



