Medio: Jornada
Fecha de la publicación: lunes 19 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El Gobierno acusó
este lunes al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez y a dos
excomandantes por «tráfico de armas» en el caso del material antidisturbios que
al parecer llegó desde Argentina en la crisis de 2019, la que presuntamente fue
alentada por Estados Unidos.
«Lo que ha cometido
el señor Yuri Calderón, excomandante de la Policía Boliviana, el señor Jorge
(Gonzalo) Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el exembajador de
Argentina en Bolivia es tráfico de armas», aseveró el ministro de Gobierno,
Eduardo del Castillo, en una declaración a los medios en La Paz.
El ministro hizo esa
aseveración tras una exposición en la que también estuvo presente el actual
embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, y el comandante general de
la Policía, Jhonny Aguilera.
Material legal e
irregular
El inicio, según Del
Castillo, fue una nota diplomática que Álvarez envió a la Cancillería pidiendo
«la autorización de ingreso» al país de personal, material y equipamiento de
una unidad especial de la Gendarmería Argentina el 13 de noviembre de 2019,
horas después de que asumiera el mando interino del país la expresidenta
Jeanine Áñez.
«Hay dos tipos de
materiales que ingresaron ese 13 de noviembre al país, uno de manera legal, que
fue autorizado con nota previa para la Cancillería y otro con armamento
antidisturbios que no fue autorizado», señaló el ministro boliviano.
Parte de ese
material fue a la residencia de la embajada de Argentina en La Paz y otro tanto
a la Policía y las Fuerzas Armadas «sin ningún tipo de documentación»,
mencionó.
Además de otra
cantidad «que aún se encuentra en investigación», señaló el ministro sobre el
material que el Gobierno cree que se usó en Sacaba y Senkada, donde unos días
después una veintena de civiles murió en protestas contra el Ejecutivo
interino.
En su informe, Del
Castillo mencionó que en depósitos de la Policía se hallaron 26.900 cartuchos
de perdigón de goma, varias unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4,
granadas de gas CN, H y CS 2, además de tipo béisbol, que estaban guardadas
como otro material.
Del Castillo asoció
esto con un «tráfico ilícito de armas» que está penado en Bolivia con hasta
treinta años de presidio y que por ello «presentará la denuncia
correspondiente» contra miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, además, «del
cuerpo diplomático» que trajo esa carga «ilegal».
Un «plan
continental»
El ministro de
Gobierno relacionó este hecho, por el que se acusa a la Administración del
expresidente argentino Mauricio Macri de estar involucrado con la operación que
se efectuó el 15 de noviembre de 2019, cuando llegó a Bolivia una carga similar
otorgada por el Gobierno ecuatoriano.
Del Castillo asoció
estos hechos con las llamadas masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El
Alto el 16 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, cuando las «municiones
extranjeras» estaban en Bolivia.
Bolivia vivió una
crisis política y social tras las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en
la renuncia de Evo Morales a la Presidencia denunciando que fue forzado por un
supuesto «golpe de Estado».
«Hasta aquí podemos
ver de que había un plan continental para reprimir al pueblo boliviano»,
aseguró.
El funcionario
estableció, además, una relación con un supuesto «manual» para un «golpe de
Estado» que, a su juicio, salió a la luz cuando el 24 de julio de 2019 el
entonces secretario adjunto del departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin
O’Reilly, se refirió a un «fraude electoral sin pruebas» tres meses antes de
los comicios anulados de ese año.
Incluso, Del
Castillo mencionó que el funcionario estadounidense llegó a Bolivia y «se
reunió con personeros de la embajada de Perú, Argentina, Brasil, la OEA y la
Unión Europea» para «insinuar la posibilidad de un fraude en Bolivia».
La idea de que la
crisis de 2019 fue un «golpe de Estado» ha derivado en una investigación por la
que exfuncionarios como la expresidenta interina Áñez, dos de sus exministros y
varios exjefes militares están en prisión acusados por delitos como terrorismo,
sedición y conspiración.



