Cerca de las 19:30 del miércoles 21 de abril de 1993, terminó la lectura de la sentencia en el juicio a la dictadura de García Meza. El salón de honor presidido por Édgar Oblitas y los magistrados de la Corte Suprema estaba lleno, al igual que el hall de entrada, mientras una multitud, que se había congregado en el parque Bolívar sin moverse las cuatro horas que duró la lectura, estalló cuando el secretario de cámara pronunció la frase “30 años de presidio sin derecho a indulto”. Estaba concluyendo el juicio más importante de nuestra historia, después de nueve años.

Según las Leyes de Responsabilidades de altos dignatarios de Estado de 1884 y 1944 y del Procedimiento Penal de 1973, con que se tramitó el proceso, debían cumplirse dos etapas: la del sumario a cargo del Congreso y la del plenario ante la Corte Suprema.
 

 Sumario congresal

En la sesión congresal del 16 de febrero de 1984, el diputado Antonio Araníbar leyó el pliego acusatorio que mi persona había redactado por “encargo” de la dirección nacional del MIR. Fue en una reunión de la conducción mirista, a fines de 1983, que Jaime Paz, molesto por los reclamos que hacíamos varios compañeros por el no enjuiciamiento de la dictadura, dijo refiriéndose a mí: “(…) pero si el Horacio es abogado, que redacte pues la demanda contra García Meza y así reclamamos menos (...)”.

 Lo tomé como un “desafío”. Tenia 29 años y sólo siete de abogado, pero para diciembre estuvo listo el “pliego acusatorio” que leyó Toño en esa sesión del 16 de febrero iniciando el juicio.

El sumario congresal, en lugar de los 15 días que preveía la ley de 1944, tomó dos años que no fueron, precisamente, de investigaciones y pesquisas. La demora se produjo por la temprana e irremediable crisis que paralizó al país y que culminó en 1985 con el cambio de gobierno. Pero sí, la Comisión Mixta del Congreso que “tramitó” el sumario cumplió varias diligencias procesales, tomó declaraciones informativas y acumuló algunas investigaciones penales iniciadas en la justicia “ordinaria”, junto a importante documentación de la Contraloría sobre varios “delitos económicos”. Y en base a ello se redactó el “auto de procesamiento” aprobado el 25 de febrero de 1986. Se había acortado el mandato del doctor  Siles, la hiperinflación había diluido la enorme energía popular que posibilitó el derrocamiento de los dictadores, y las fuerzas conservadoras habían retornado al Gobierno. Pero estaba fresca la memoria de los caídos y ello pesó más para que el Parlamento se viera obligado a aprobar la acusación y la continuidad del juicio ante la Corte Suprema.

El Congreso acusó a 56 personeros de la dictadura, encabezados por  García Meza y Arce Gómez, por 45 delitos descritos en ocho grupos que iban desde el golpe del 17 de julio, los asesinatos en la COB, la masacre de la calle Harrington, hasta los delitos contra el erario público.

Sin duda el auto congresal fue mucho más allá de nuestro “pliego acusatorio” y del que presentara también el PS-1, pero aun así no abarcó todo el accionar delictivo de la dictadura. No se acusó por el asesinato previo de Espinal, por las masacres de Caracoles y Viloco, por las desapariciones forzadas ni por narcotráfico y, por lo mismo, varios delitos y muchos integrantes de la dictadura quedaron al margen del proceso.
 

El plenario en Sucre

García Meza, que había salido subrepticiamente del país semanas antes del 10 de octubre de 1982, retornó de igual manera días antes de las audiencias y se presentó a su declaración “confesoria” el 7 de abril de 1986. Ya entonces el marco de protección que le brindaba el mando militar con anuencia del Gobierno era inocultable. Ese día Sucre fue militarizada y a las tres de la tarde, con escolta de la Policía Militar, García Meza se sentó en el banquillo de los acusados.

Parece que el exdictador estaba persuadido de que el juicio no prosperaría. Es probable que su aparición en Sucre hubiera estado concertada y “negociada” con sus exaliados ahora en el Gobierno, pero lo evidente es que García Meza desplegó una peligrosa estrategia para malograr el juicio a partir de la “amnesia”, la dilación procesal y la violencia.

No se acordaba de nada. Peor, los hechos delictivos que sufrimos los bolivianos durante 14 meses no se habían producido: nunca hubo golpe, jamás existieron paramilitares, las víctimas eran las responsables, y todo se habría efectuado por mandato de las Fuerzas Armadas. 

Y con 56 acusados, las actuaciones procesales como las “confesiones”, las rebeldías, los edictos, los incidentes y los plazos tenían que repetirse 56 veces. Pero además, como García Meza se sentía protegido, la agresión a la parte civil, a las víctimas y a sus abogados era parte de una continuada estrategia de intimidación que también alcanzó a los jueces supremos y al fiscal, abandonados a su suerte por los nuevos gobernantes.
 

 Fase probatoria

La tarea fue titánica para los abogados de la parte civil, y parecía casi surrealista: había que probar que efectivamente el 17 de julio se asaltó la COB y el Palacio de Gobierno, que Marcelo Quiroga, Carlos Flores y Gualberto Vega habían sido cobardemente ametrallados, que la expresidenta Gueiler jamás entregó el mando presidencial, sino que fue apresada y chantajeada hasta que renunciara; que los ocho dirigentes del MIR, indefensos, habían sido masacrados por la espalda; y que semejante vesania en los represores  sólo era comparable con la mentalidad cleptómana de los golpistas que desvalijaron las arcas fiscales.

Recién el 12 de julio de 1989 se inició la producción de prueba, y casi tres años tuvimos que batallar para establecer, junto con  la verdad material, la verdad jurídica comprobada, sin la que no hay juicio ni sentencia. Y para ello presentamos 40 testificaciones de enorme valor probatorio, más de 2.000 documentos oficiales, cientos de indicios hemerográficos, así como pericias y reconstrucciones especialmente de los asesinatos.

Lidia Gueiler, junto con  varios de sus ministros, dio cuenta de la conspiración castrense meses antes del 17 de julio, de la violenta toma paramilitar del Palacio y de su apresamiento y chantaje para que renunciara. Juan Lechín, Wálter Vázquez, Julio Tumiri, Óscar Eid, Gladys Solón, Germán Crespo y varios otros dirigentes describieron los momentos de barbarie cuando paramilitares armados asaltaron la COB y el Conade, al mediodía del 17 de julio, y cuando Marcelo fue identificado y ametrallado; barbarie que continúo en el Estado Mayor donde fueron conducidos todos, y en cuyas caballerizas Arce Gómez y paramilitares argentinos los sometieron a torturas y vejámenes. 

Las víctimas  de la masacre de la Harrington.

Esos testimonios, para el caso de Marcelo, los respaldamos luego con fotografías que obtuvimos, en las que aparecía el rostro de Marcelo con posibles heridas y contusiones, con deformaciones en la boca, y con lo que parecía ser una perforación de bala en el pómulo derecho. Es que, con la pericia forense del doctor Rolando Costa Arduz, se estableció que Marcelo llegó vivo, aunque malherido, al Estado Mayor y que allí, de manera atroz, los represores se ensañaron con su cuerpo moribundo, al que ultrajaron, remataron y finalmente desaparecieron. 

Gloria Ardaya, la sobreviviente de la calle Harrington, describió el horror de la masacre de sus ocho compañeros reunidos ese 15 de enero de 1981 en la resistencia clandestina. Las palabras de Gloria retumbaron en la Corte Suprema cuando relató los minutos previos al ametrallamiento, cuando sus compañeros desarmados estaban contra la pared en ese departamentito de Sopocachi; cuando transmitió el grito desesperado de auxilio de Gonzalo Barrón que logró salir al techo; o cuando, inmediatamente después de las ráfagas presenció azorada la agonía de Artemio Camargo, cuyo cuerpo sangrante dejado al lado de la cama donde estaba escondida, la protegió y le salvó la vida.

Ruth, Gladys, Betina y Olivia, con las ropas de sus esposos perforadas por múltiples disparos, relataron el viacrucis criminal que sufrieron para recuperar los cuerpos destrozados de esos mártires, y las humillaciones que sufrieron en ese momento de dolor extremo, tanto en la morgue como en los velorios familiares.

Édgar  Oblitas, Cristina Quiroga, Juan Lechin e Iván Paz.

Todavía los abogados tuvimos que destruir la infamia gubernamental de “enfrentamiento armado” en la calle Harrington y donde el policía Juan Rodríguez Luna supuestamente había sido “victimado”. Es que hicimos una rigurosa pesquisa y lo encontramos al señor Juan Rodríguez Luna, ex funcionario policial, vivito y coleando, primero en Uyuni y luego en La Paz, de donde lo trajimos hasta la Corte Suprema, trizando definitivamente la mentira y el montaje criminal de la dictadura.
 

 Prueba documental

En más de 2.000 documentos que presentamos ante los jueces supremos, están resumidos los 14 meses posteriores al golpe donde se decretó que todos debíamos andar con el testamento bajo el brazo; donde se apresó, torturó y exilió a cientos de bolivianos, se intervinieron y acallaron los medios de comunicación, se demolió el edificio histórico de la Central Obrera Boliviana, se suplantó a la dirigencia sindical, se eliminó la autonomía universitaria  y se denigró en extremo la imagen internacional del país. 

Están allí las pruebas de una estructura paramilitar mafiosa encabezada por Klaus Altman Barbie, con quién Arce Gómez, antes del golpe, había suscrito un “acta de lealtad”, dándole al criminal nazi el grado de coronel de nuestro Ejército para convertirlo en el cerebro gris del SES, de los asesinatos, las torturas y las desapariciones. 

Reunión  del Conade, minutos antes del asalto a la COB, 1980.

Y esa degradación de la institución castrense, manoseada y ocupada por hampones, fue develada ante los magistrados por el general Emilio Lanza Armaza, que testimonió sobre el engaño del “peligro comunista” que sufrieron los oficiales para apoyar el golpe, pero que después se negaron a confundir “subordinación con servilismo”, que repudiaron la presencia humillante de paramilitares en el Estado Mayor, y que se sublevaron  contra una dictadura que no podía ser nunca responsabilidad de todas las Fuerzas Armadas. 

Con ello destrozamos la estrategia de buscar apoyo en los cuarteles trasladando allí las responsabilidades. Dejamos en la orfandad delictiva a los verdaderos responsables.

Delitos económicos

Los abogados de la parte civil desglosamos ante la Corte Suprema  toda la documentación existente en Contraloría y otras reparticiones estatales, que daban cuenta de la conducta dictatorial en contra del patrimonio público: En el caso de la Gaiba se probó que la junta de comandantes suscribió “un contrato privado” con una empresa particular, para repartirse al 50% la explotación de piedras semipreciosas. 

En el caso de los “equipos petroleros” se presentaron los documentos de YPFB sobre un sobreprecio de cuatro millones de dólares. También se probó la adquisición ilegal e inútil de maquinaria agrícola argentina, convertida en chatarra en la frontera. E igualmente, con documentos oficiales, se verificó la desviación y robo de 200 cajas de vidrio laminado ray-ban destinado a la piscina olímpica de Obrajes. Finalmente, se comprobó la apropiación ilegal de parte del exdictador de un cheque por  280 mil dólares, que llegó al país como indemnización por una anterior importación de harina en mal estado. 

Arce Gómez  y García Meza, condenados a 30 años.

La prueba de “descargo” fue irrelevante. García Meza presentó 432 testigos y sus colaboradores 298 más. Pero casi nadie se presentó a declarar en su descargo, salvo tres  jefes castrenses obligados y cuatro exfuncionarios de la dictadura. 

El 21 de mayo de 1992  se “clausuró” la fase probatoria y las partes tuvimos todavía 13 meses para presentar y leer los alegatos. Finalmente, la Corte Suprema fijó para el miércoles 21 de abril de 1993 la audiencia para pronunciar la Sentencia inapelable. 

Junto con  García Meza y Arce Gómez fueron condenados otros 46 acusados con penas desde 15 a 30 años de presidio para los delitos graves, y con sanciones menores los exministros y otros funcionarios subalternos. Cinco acusados habían fallecido previamente y sólo tres  procesados fueron absueltos.

Esa noche, al escuchar el veredicto, recordé intensamente a los caídos y me sentí con el deber cumplido. Habíamos completado una tarea colectiva con Miguel Ángel Virrueta, Freddy Padilla y Julio César Sandoval, los abogados que sostuvimos la acusación hasta el final. Pero sobre todo, con Cristina Quiroga, las viudas de la Harrington, con Iván Paz, Aníbal Aguilar, Olga Flores, Loyola Guzmán, la COB, la Asamblea de Derechos Humanos, la Universidad Boliviana, la Asociación de Familiares y con la gran mayoría de los bolivianos, habíamos culminado una gran cruzada nacional contra la impunidad.  

Esa noche no sentí alegría, sólo paz. Aquella que no se alcanza con la venganza de los violentos ni con el olvido de los cobardes. Era la paz que brinda la justicia.