En las últimas semanas, autoridades gubernamentales, entre ellas el ministro de Justicia y el vocero presidencial, sugirieron erróneamente que un nuevo recuento de actas de las elecciones de 2019 demostraría que no hubo fraude. Si las actas fueron manipuladas, dicho recuento no resolvería las dudas en absoluto. 

En este artículo propongo ir más allá y profundizar en tres temas que requieren más atención: La paralización del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP); los servidores no declarados; y los roles de Marcel Guzmán de Rojas, dueño de la empresa Neotec y encargado del TREP, y Sergio Daniel Martínez, asesor de los vocales durante el proceso electoral.
 
¿Una pausa planificada?

El 18 de octubre de 2019, dos días antes de las elecciones, el portal Brújula Digital alertó sobre un plan para “sabotear” el conteo preliminar. Una fuente anónima del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), deslizó que los vocales “más cercanos al MAS”, paralizarían la publicación del TREP utilizando un “informe preliminar” de Ethical Hacking. “Están intentando retener los resultados y en vez de tener un 80% a las 19:30, el proceso será mucho más lento… Quieren que todo se resuelva con el cómputo oficial”, afirmó la fuente. Entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre, la predicción se hizo realidad con asombrosa precisión. 

La parte visible del “sabotaje” ocurrió en 36 minutos. A las 19:30 del 20 de octubre, los técnicos de Ethical Hacking detectaron un servidor desconocido que realizaba peticiones masivas de verificación de actas. Elevaron la alerta a los vocales del TSE, al concluir la conferencia de prensa con el 83.76% de los resultados (83.85% según la presidenta María E. Choque). 

Los vocales alineados con el MAS –por aprobar la repostulación de Evo Morales en 2018 más el vocal Edgar Gonzáles– ordenaron suspender el TREP sin consultar con el exvocal  Antonio Costas. A las 20:06, el personal de la DNTIC cumplió el objetivo. Cortaron el internet y la energía eléctrica en el Servicio de Registro Cívico (Sereci), donde 350 operadores verificaban las actas.

Marcel Guzmán cambió su versión sobre el servidor tres veces, pero confirmó la segunda parte del “sabotaje” en su informe complementario del 4 de noviembre, publicado un mes más tarde por la OEA. Según Guzmán, ejecutó un “plan de contingencia” por la “lentitud en la replicación de resultados”. Si no transfería los datos de la elección al servidor no declarado, “la conferencia de prensa (del TSE) se hubiera dado con menos del 60% de las actas procesadas, cuando ya se tenía el 83% de las actas verificadas”. Así, la denuncia de la fuente anónima se probó cierta, o casi, porque los vocales sí reanudaron el TREP el 21 de octubre –por presiones externas–, a espaldas del público y 19 horas después de la pausa.

 
¿Servidores  innecesarios?

El TSE fracasó en ofrecer elecciones limpias y transparentes. Dos servidores no declarados, que duplicaron las funciones de servidores oficiales y rompieron la estructura informática prediseñada, crearon el entorno para la manipulación de resultados preliminares y oficiales. Entre el 20 y 21 de octubre personas ajenas a la elección tuvieron 25 horas para, potencialmente, manipular datos y fotografías de las actas del conteo preliminar, permitiendo que copias fraguadas ingresaran más tarde en el cómputo oficial. 

Tan grave manipulación no ha sido comprobada, en parte, porque los metadatos (el día, hora y procedencia) del 90% de las fotografías de las actas preliminares y los registros de acceso a ambos servidores han desaparecido. Según Guzmán, un defecto de programación –añadamos– negligente eliminó los metadatos. Una línea de código adicional en la aplicación telefónica de los operadores de campo, habría preservado los metadatos y la procedencia de las actas. Se sospecha que los registros fueron eliminados intencionalmente. Tal vez, el Estado boliviano o, dado el contexto, las bancadas opositoras, podrían solicitar los registros de los servidores a la compañía que los alojó, Amazon.

¿Un asesor omnipotente?

Sergio Martínez, supuesto asesor de los vocales, empezó funciones en la DNTIC a 12 días de las elecciones de 2019. Según un informe policial de octubre de 2020, basado en más de 300 pruebas, Martínez pudo beneficiar al MAS antes, durante y después de las elecciones de 2019. Por ejemplo, habría usado información confidencial censal, cartográfica y electoral del INE y del OEP, para alimentar el software de inteligencia electoral Territorial Visor, que el MAS adquirió para las elecciones de 2019. 

El 1 de octubre, en la presentación del software a autoridades gubernamentales, dos consultores mexicanos presentaron a Martínez como “encargado de sistemas del MAS”. Siete días después, el asesor dejó el INE, fue contratado por el Sereci de La Paz y declarado “en comisión” en la DNTIC. El exvocal Costas criticó su contratación por el trabajo anterior deficiente que realizó en el cómputo de las elecciones de 2014. 

Martínez influyó en decisiones clave. Como asesor de los vocales, trabajó sin supervisión, demandó información a la empresa auditora y distribuyó el sensible protocolo para poner a punto el conteo preliminar antes de las elecciones. Además de sugerir la instalación del segundo servidor, se sospecha que Martínez accedió al TREP remotamente a través de los servidores no declarados. Finalmente, habría trasladado equipos a Chuquisaca para reanudar el cómputo final, luego de la quema del Tribunal Electoral Departamental el 21 de octubre. 

Tras el informe preliminar de la OEA, Martínez se refugió en la Embajada de México en La Paz junto a altas autoridades gubernamentales del MAS. Con nexos en la Fiscalía, salió del país clandestinamente el 5 de diciembre, eludiendo una orden de aprehensión que el fiscal Ronald Chávez –a la vez colega de la pareja de Martínez– omitió ejecutar en su contra. 

Semanas después, el portal La Resistencia publicó una carta de Martínez que leyó él mismo y en la que negó su rol como asesor de los vocales, deslindando responsabilidad en los servidores ocultos y acusando a la DNTIC de utilizarlo como “chivo expiatorio”. 

Un año después, la fiscalía rechazó la denuncia contra Marcel Guzmán porque encontrarse fuera del país, pero mantuvo el proceso contra Martínez y los vocales del TSE. En febrero de 2021, la representación legal de Martínez en Bolivia solicitó la suspensión de las investigaciones. Aún espera respuesta.