Ante los conflictos entre la comunidad leco Charopampa y la Cooperativa Aurífera 15 de Mayo en Mapiri, los pueblos indígenas del norte de La Paz decidieron activar la justicia comunitaria para expulsar a la empresa extrativista. Desde la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) se afirma que este caso es solo la punta de un conflicto que se extiende por todo el norte del departamento y que se agrava por un vacío en la ley minera.
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La pugna se debe a que AJAM dio una concesión minera sobre una TCO saneada y titulada en favor de un pueblo indígena. Hay serios daños ambientales.
Ante los conflictos entre la comunidad leco Charopampa y la Cooperativa Aurífera 15 de Mayo en Mapiri, los pueblos indígenas del norte de La Paz decidieron activar la justicia comunitaria para expulsar a la empresa extrativista. Desde la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) se afirma que este caso es solo la punta de un conflicto que se extiende por todo el norte del departamento y que se agrava por un vacío en la ley minera.
Desde hace dos meses esa zona se encuentra en medio de un conflicto entre cooperativistas, vecinos, campesinos e indígenas, debido a disputas por las áreas de extracción de oro. El último enfrentamiento se produjo el 11 de julio y fue intervenido por un contingente policial. El saldo fue de 14 policías y comunarios heridos, además de vehículos quemados y motos desaparecidas.
“El conflicto es de mucho tiempo atrás. Hay una violación constante de los derechos de los hermanos lecos. Ante la falta de acción de las autoridades, se aplicó la justicia indígena y se determinó la expulsión de esta cooperativa, en respeto y resguardo al área jurisdiccional ancestral de la comunidad. Esto ocasionó la intervención policial”, dijo el presidente de la Cpilap, Gonzalo Oliver.
Si bien los derechos mineros son legales y deben ser respetados, el territorio indígena también es legal y constitucionalmente debe ser protegido por sobre otros intereses, recalca.
El conflicto y los vacíos legales
De acuerdo a documentación del caso, el conflicto de Charopampa con la Cooperativa 15 de Mayo data de 2012, cuando la empresa empezó a explotar oro sin una consulta previa al pueblo indígena. Las operaciones comenzaron con un acuerdo entre los representantes legales de la extractora y un dirigente de la comunidad que aceptó las condiciones sin consultar a toda la población.
En el acuerdo, la empresa se comprometía a no realizar los trabajos mineros dentro de la comunidad ni en las riberas del río, en respeto y resguardo del territorio que esta saneado y titulado como propiedad indígena.
Al conocer el documento, a los pobladores no les quedó más que hacer cumplir lo estipulado. Sin embargo, con un permiso de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como respaldo, la cooperativa empezó los trabajos sobre las tierras de los lecos y desvío el río causando la pérdida de 300 hectáreas de cultivos, criaderos de animales, áreas de viviendas y parte de la plataforma de la vía Mapiri-Apolo. Esto sin contar con el impacto ambiental en toda la región.
“El problema es por un vacío en la ley minera, que hace que para dar autorizaciones de extracción no se reconozca los derechos y la propiedad indígena. A raíz de esto se generan una serie de atropellos por parte de las cooperativas. Eso pasa en Charopampa, la Cooperativa 15 de Mayo no quiere consultar ningún trabajo con la comunidad”, manifestó Oliver.
Sostuvo que este es un tema que debe ser planteado al Gobierno, para modificar la norma y se reconozca los derechos y tipos de vivencias de las comunidades.
El contingente policial ingresa a la comunidad.
La expulsión y la JIOC
La Cpilap aglutina al Consejo Indígena Tacana, la Organización Mosetén, al Pueblo Leco y las Comunidades Originarias de Larecaja, a la Central Leco de Apolo, al Consejo T-Simane Mosetén de Pilón Lajas, a los Uchupiamonas, a los Esse Ejja de Eyiyuquibo, a la Comunidad Agroecológica de Palos Blancos, las Comunidades Tacanas del Río Madre de Dios y a la Capitanía Araona.
El 10 de julio, en una asamblea, estos 10 pueblos emitieron su resolución 01/2021. En ella condenaron los hechos de violencia en contra del pueblo leco y determinaron la expulsión de la Cooperativa Minera 15 de Julio en el marco de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC).
Esta medida se asumió luego de cuatro años de una pelea judicial sin resultados. Esto pese a todas las pruebas de los daños ambientales y territoriales que se reunieron en inspecciones técnicas hechas por autoridades locales, departamentales y nacionales.
“Nos manifestamos en una resolución departamental en la que repudiamos la violencia ejercida y el amedrentamiento por parte de los cooperativistas que están amenazado con procesos, marchas y enfrentamientos. No vamos a tolerar, la autoridades deben poner una solución”, dijo Oliver.
Indicó que se analizan las medidas a tomar, pero que estas se darán en el marco de la JIOC. Pero por el momento, se esta presentando un recurso ante el Tribunal Agroambiental para que se pronuncie sobre este caso.
“Como pueblos indígenas no vamos a permitir que nuestros territorios titulados estén a merced de avasalladores. El Estado debe hacer velar nuestro derecho propietario”, finalizó.
Un vehículo fue quemado durante la refriega.
Asedio deja a Michiplaya sin luz ni salud
Desde la localidad de Michiplaya, en Guanay, los comunarios denuncian un conflicto con una comunidad que apareció reclamando una porción de su tierra, argumentando que le pertenece al municipio de Mapiri.
Sin embargo, esta comunidad cuenta con una TCO saneada y titulada, que no se rige por las divisiones territoriales municipales. Después del conflicto también se esconden intereses mineros.
Una comisión que logró llegar hasta la sede de Gobierno confirmó que por el bloqueo se ha dejado a la comunidad sin luz, sin acceso de los profesores y los médicos. En este caso también se activó la JIOC y se anunció el desalojo de los nuevos asentamientos.
“El problema se está extendiendo a varios territorios. Vemos con preocupación que han aumentado las solicitudes de explotación de oro en los TCO Mosetén, Chiman, Tacana, Uchupiamona”, manifestó el líder de Cpilap.
Amenazas mineras
Cooperativistas Los cooperativistas auríferos de Mapiri solicitaron una reunión al Gobierno para encontrar una solución al problema en Charopampa. De no ser escuchados tomarán medidas de presión.
Marcha El presidente de las Central de Cooperativas Mapiri, Rosendo Flores, dijo que las tres federaciones han defendido que entre el lunes o martes saldrán a una marcha pacífica que llegará hasta la San Francisco. “Será con toma de instituciones como el Ministerio de Minería, la AJAM, el Comando de Policía”, indicó.
Amenaza Al dirigente dijo que serán unos 400 cooperativistas y que el conflicto se convertirá en una batalla campal. “ Los mineros somos expertos para manejar explosivos, la mayoría somos reservistas”.
