Medio: El Deber
Fecha de la publicación: sábado 17 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El ministro de
Justicia, Iván Lima, admitió este sábado que el trámite, en Argentina, para
la incursión de pertrechos militares de ese país a Bolivia, se inició el 7 de
noviembre cuando Evo Morales aún era presidente del país y que la
operación estaba controlada por los ministros Carlos Romero y Javier Zavaleta.
Sin embargo, aclaró que fueron solo 3.600 unidades, pero llegaron 70 mil,
ingresaron de forma irregular al país y fueron recibidos por militares y
policías.
“Efectivamente la
solicitud se hizo cuando estaba en el gobierno el presidente Evo Morales; los
ministros Javier Zavaleta y Carlos Romero tenían el control de la tramitación
de este ingreso de armas. Y se hizo en Argentina por una cantidad
mucho menor a la que llegó al país, es decir, por 3.600 unidades, pero llegaron
70 mil”, aseguró.
Lima complementó que
las autorizaciones posteriores, tras la salida de Morales, Zavaleta y
Romero, tuvieron que ser realizadas por el excomandante de la Policía, Yuri
Calderón, y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, en
el caso de las FFAA.
Dijo que esto es lo
único que podía explicar sobre el arribo de un avión argentino a la base
militar de El Alto, en el aeropuerto de La Paz.
El ministro hizo
estas declaraciones en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio. Cuando
se le pidió que ratifique si la solicitud fue realizada por el gobierno de
Morales, replicó: “No, está distorsionando mis palabras, no hizo ninguna
solicitud el gobierno de Evo Morales. No dije eso. Cuando se hizo la
solicitud en Argentina, estaba como presidente Morales. La solicitud la realiza
la gendarmería a las autoridades aduaneras, militares y policiales de ese
país. A partir del 7 de noviembre empiezan los trámites de autorización
de remitir todos esos materiales a Bolivia, lo cual muestra que hubo una
intervención planificada y coordinada de distintos países de la región para
intervenir en asuntos internos de Bolivia”.
Cuando el Gobierno
boliviano presentó la denuncia, puso como evidencia principal una carta firmada
el 13 de noviembre por el excomandante de la FAB, Jorge Terceros, que ya había
renunciado a su cargo y ese mismo día fue relevado del mando por Áñez. “Eso
no demuestra nada, los militares tienen la obligación de hacer una transición
ordenada”, así que Terceros pudo mandar esa carta, según el ministro.
“Alguien dio la
autorización para que ingrese el avión argentino con esta carga militar,
alguien negó la salida de la aeronave en la que Evo Morales pretendía salir del
país, y ese fue el general Terceros”, dijo Lima.
Mencionó que en el
protocolo de Palermo, queda claro que si no hay autorización expresa de los
Estados, “y en este caso no existe ese documento ni en los ministerios de
Gobierno, Defensa ni Cancillería, ese material ingresado es prueba de
que hubo tráfico de armas”.
Reiteró que se pidieron 3.600 balines, pero que a
Bolivia llegaron 70 mil. Esto, para
el ministro, no tiene carácter de donación. “Si fuera así, debió pasar por la
Asamblea Legislativa. Al llegar al país, el 60%, es decir 70 mil unidades del
material se va con las FFAA y el 40% en la Policía. “De esas 30 mil unidades,
20.600 estarían en depósitos de la institución. No fueron
inventariadas, ni consta en la Cancillería una tramitación para la importación
de este material”.
Para el ministro,
esto confirma que hubo contrabando. “Se califica de tráfico irregular de armas,
cuando en el país receptor existe una situación de confrontación o hechos que
puedan implicar violación grave de Derechos Humanos. Cuando podrían
utilizarse en una determinada nación en un momento de conflagración, no se
puede enviar a ese país ningún tipo de armamento, letal o no letal. Esto
va más allá de la carta. Pocas unidades fueron utilizadas por la Policía. No
sabemos qué pasó con el material entregado a las FFAA”.
Concluyó que los
militares están entrenados para situaciones de violencia extrema. “En muchas de
las autopsias no se encontraron las balas dentro de la víctima y eso
obliga a indagar si es que ellos utilizaron este material llegado de Argentina
en las represiones de Senkata, Huayllani y Sacaba”, subrayó.



