27 uniformados afrontarán procesos disciplinarios por el denominado  caso del motín policial ocurrido en noviembre de 2019. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó que los policías podrían ser sancionados e, incluso, dados de baja en la institución.

“El motín policial fue utilizado para fines innobles (...) quienes han participado tienen que asumir su responsabilidad por estos criterios que son disciplinarios”, manifestó Cox en declaraciones recogidas por Los Tiempos.

Entre los 27 policías señalados se encuentran cabos, sargentos, mayores e incluso coroneles que en noviembre de 2019 decidieron acuartelarse y desconocer al mando policial. El primer uniformado citado ha sido el capitán José Vargas, en Cochabamba, que acudió este viernes para prestar su declaración. Los procesos implican a uniformados de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz.

La comparecencia de Vargas estuvo respaldada por la participación de esposas de policías, miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba y activistas de las plataformas. La audiencia se suspendió hasta el 27 de julio por la ausencia del abogado defensor y diversos testigos.

"Se están tratando de fabricar pruebas para iniciar un proceso penal, es un proceso nulo, no tienen pruebas. Toda la policía boliviana estaba acuartelada, simplemente ha sido un repliegue policial", manifestó Vargas a su salida del juzgado al que acudió.

La investigación parte de la denuncia presentada por el Viceministro de Descolonización, Pelagio Martínez, y evalúa el grado de participación de los policías denunciados. La sanción más drástica involucra la baja definitiva de la Policía.

“Por la gravedad del hecho, hay suspensiones temporales y suspensiones definitivas que implican una baja y esto es lo que se va a juzgar, (…), han dejado a la población desprovista de seguridad”, indicó Cox agregando que  "todo aquel policía que infringe disciplinariamente su normativa interna es sometido a procedimientos disciplinarios”.