Las fiscalías de Bolivia y Argentina empiezan procesos en sus respectivos países por el delito de “tráfico de armas”, con la apertura de investigaciones en contra del excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros, en el primer caso, y con la imputación en contra del expresidente Mauricio Macri y dos de sus ahora exministros, en el segundo.

Este caso surgió luego de que el canciller Rogelio Mayta difundió una carta la anterior semana en la que supuestamente Terceros agradece al entonces embajador del país vecino en La Paz, Normando Álvarez, por el envío de un lote de pertrechos antidisturbios.

La mencionada misiva será usada como “prueba” por la Fiscalía boliviana, pese a que los abogados del excomandante de la FAB han ratificado que es falsa y que la firma no corresponde a la de Terceros. Igualmente, Macri ha negado la autenticidad de la misiva.

Contra Terceros

Roberto Almendras, director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, dijo que mediante la Fiscalía Departamental de La Paz se dio inicio al proceso de investigación por la presunta adquisición e internación de “Material antidisturbios y agentes químicos” que habrían ingresado en noviembre de 2019 desde Argentina.

La denuncia cursa en contra de Terceros Lara por la presunta comisión de los delitos de tráfico, tenencia y portación ilícita de armas.

Almendras añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar a su despacho documentación en la que el excomandante de la FAB Jorge Terceros agradece al embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, por el envío de material antidisturbios durante los conflictos suscitados en noviembre de 2019 en Bolivia, consistente en 40 mil cartuchos AT 12/70 y otros gases lacrimógenos y granadas de gas.

Ever Vera, abogado de Terceros, dijo ayer que no tiene información oficial sobre la investigación en contra de su cliente, pero ratifica su versión anterior de que la citada carta es falsa.

El abogado aseguró la anterior semana que la presunta carta está fechada el 13 de noviembre de 2019, cuando ese día Terceros cesó en sus funciones. Además, sería irregular que un comandante de una de las fuerzas agradeciera directamente a un embajador y no a su par en rango argentino, como manda el conducto regular.

Sostuvo además que la carta fue adulterada hasta en la rúbrica y que no pertenece a su cliente.

“En el curso de la investigación se convocará también fuentes internacionales que puedan dar información útil, dijo Almendras.

Imputan al expresidente argentino Mauricio Macri y a dos exministros

El expresidente de Argentina Mauricio Macri y los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad fueron imputados ayer por el envío de armamento a Bolivia en noviembre de 2019.

El fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019 y enumeró como imputados en el caso al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).

También se imputó al exdirector de Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza Carlos Miguel Recalde. El fiscal también pidió que se investigue a Normando Álvarez García, quien ejercía como embajador en Bolivia.

El Gobierno argentino denunció a Macri y a sus funcionarios por contrabando agravado por haber enviado, al menos, 70 mil balas antitumulto a Bolivia.

De acuerdo a los medios argentinos, para avanzar con la investigación y determinar si se amplía la imputación, el fiscal también requirió información al Gobierno nacional y al Gobierno de Bolivia.

Los Gobiernos de Bolivia y Argentina consideran que ese material fue para colaborar con un “golpe de Estado”, pero Macri negó esa versión calificándola de “disparate”.

Lima pide aplicar la Ley de Control de Armas

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, advirtió que la internación de armamento proveniente de cualquier país a Bolivia debe regularse de acuerdo con la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados.

La anterior semana, el exvicepresidente Álvaro García Linera adelantó que se aplicaría la Ley 400 en este caso y que los militares y policías implicados estaban “arruinados”.

Según Lima, la internación de armas desde Argentina o cualquier otro país tiene que seguir un procedimiento y debe recibir autorizaciones que no correspondían sólo al expresidente Mauricio Macri, sino a instancias que deben documentar la salida.

El ingreso de gendarmes, cualquier fuerza militar e insumos o material que se ha traído al país tiene que tener autorización, independientemente de su posterior uso u objetivo, reiteró.

Dijo que ese ingreso irregular “implica la comisión de delitos”, que ya han sido denunciados en Argentina.

Remarcó que para el ingreso al país, bajo la Ley 400, “debe haber autorizaciones escritas y no puede haber una autorización telefónica, por ejemplo”.

Aclaró que, si el justificativo del armamento era el resguardo de una delegación diplomática, se tenía que haber cumplido con lo determinado en la Convención de Viena en relación al resguardo de embajadas.

“Todo lo que tenga que ver con la seguridad de instalaciones diplomáticas de los diferentes países no se tramita de la manera en que ha sucedido con esa delegación en el país”, acotó.