El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HWR), José Miguel Vivanco, dio a conocer mediante sus redes sociales su preocupación por la remoción de los vocales electorales departamentales en Bolivia, lque calificó como “una violación a las garantías previstas por ley”.

“Bolivia: Me preocupa la remoción por decreto de vocales electorales departamentales”, tuiteó.

El 30 de junio, fueron cesados por decreto ocho de los nueve vocales que representan al Poder Ejecutivo en los tribunales departamentales electorales (TDE) y se posesionó a ocho personas que gozan "de la confianza" — esta frase es usada en los ocho decretos de nombramiento— del actual mandatario Luis Arce. 

 “Los vocales habían sido nombrados por (la expresidenta Jeanine) Añez de acuerdo con el mandato unánime de la Asamblea (Legislativa Plurinacional) para renovar autoridades electorales”.

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Vivanco afirmó que esta decisión tomada por el actual gobierno contra los vocales departamentales “viola garantías previstas por ley”.

Bolivia: Me preocupa la remoción por decreto de vocales electorales departamentales.

Los vocales habían sido nombrados por Áñez de acuerdo con el mandato unánime de la Asamblea para renovar autoridades electorales.

Su remoción viola garantías previstas por ley.

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 15, 2021

A través de decretos presidenciales, Arce definió la designación de Carlos Ortiz Quezada (Beni), María Betsabe Merma Mamani (Cochabamba), José Miguel Callejas Garcés (Santa Cruz), Gustavo Antonio Ávila Mercado (Tarija), Gunnar Jorge Vargas Orgaz (Chuquisaca), Moisé Díaz Vedia (Pando), Rudy Nelson Huayllas Huarachi (Oruro), Rodolfo José Vera Moreira (Potosí).

Sin embargo, 14  instituciones de la sociedad civil denunciaron  la remoción ilegal de seis vocales electorales departamentales quienes fueron sustituidos por los representantes del Ejecutivo.

Los TED de Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Santa Cruz, “no tenían vacancias, los y las vocales designadas conforme al procedimiento constitucional no han sido sometidos a ningún proceso disciplinario o judicial, ni presentaron renuncia a su cargo”, destacan los firmantes de un pronunciamiento, entre ellos la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).