"Una comisión viajará a la CIDH a objeto de presentar una denuncia en contra del Gobierno, porque se han violado varios derechos políticos del alcalde, José María Leyes. El MAS instrumentalizó un proceso penal con el único afán de sacarlo del cargo al Alcalde", declaró el senador, Edwin Rodríguez.

Esgrimió que la autoridad local no podía ser suspendida de sus funciones a solo imputación de la Fiscalía, por lo que es evidentemente una vulneración a sus derechos, con el objetivo de que el MAS tome el Gobierno Autónomo Municipal, ya que no pudo hacerlo por la vía de las urnas el 2015.

"Hay una muerte civil al alcalde Leyes, porque se le prohibió hablar con sus funcionarios, ir a trabajar y hablar de su caso públicamente, eso es violatorio a varios derechos. El MAS no pudo demostrar con sus fiscales las acusaciones en contra de Leyes", sostuvo el senador Rodríguez.

Por su parte el diputado David Ramos, dijo que la autoridad opositora tiene que asumir su defensa en la justicia boliviana, porque la acusación en su contra es por la adquisición irregular de mochilas chinas.

Leyes tiene detención domiciliaria y arraigo por determinación de la justicia, Ramos dice que "La oposición tiene que asumir que toda denuncia debe agotarse en instancias nacionales. Se ha evidenciado el cuerpo del delito y le involucra en los actos de corrupción", sostuvo Ramos. La justicia determinó en el mes de abril la detención domiciliaria de Leyes, previo pago de una cuantiosa fianza y con la condición de no asistir y no contactarse con funcionarios del Gobierno Municipal.

Fue imputado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de terceros con afectación al Estado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, son los delitos que se le atribuyen a Leyes.