El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este miércoles un minuto de silencio para las víctimas de Sacaba y Senkata y calificó esos hechos, registrados durante la crisis de 2019 en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, como “masacres”.

“Yo quiero pedir (…) un minuto de silencio para las víctimas de las masacres a las que ha hecho referencia el representante de Bolivia: Senkata y Sacaba”, dijo Almagro durante su intervención en una sesión del organismo internacional.

Sin embargo, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, consideró que se trata de una impostura la acción asumida por Almagro.

“Sin afán de lastimar ni perjudicar a nadie, sin hacer ninguna valoración personal, considero una gravísima impostura (que) una persona, que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes, finalmente haya planteado un minuto de silencio”, afirmó.

Agregó que la mejor forma de mostrar respeto a esas personas, por las cuales el Secretario General ha ofrecido un minuto de silencio, “es abrir una investigación totalmente limpia y transparente” y dejar que otros países e instancias académicas “realicen una validación definitiva”.

Mientras, Almagro subrayó que “sí queremos justicia y una investigación ajustada al estado de derecho democrático para las masacres que hubieron en Bolivia”.

Pero “todas las masacres, éstas últimas (registradas en la crisis de 2019) y las anteriores también; queremos justicia también para los casos de corrupción, toda la corrupción, la del gobierno (de Áñez) como de los demás; no es amnistía para unos y juicio para otros, juzgar (solo) la corrupción ajena no es juzgar la corrupción, juzgar la corrupción implica en el estado de derecho democrático juzgar la acción de todos”, sostuvo. 

No obstante, Arce respondió que no entiende a qué vienen las referencias a los actos de corrupción.

“No entiendo a qué vienen referencias a otros temas que nada tienen que ver con lo que estamos tratando, aquí estamos hablando de la defensa fundamentalmente de la vida, de 37 vidas a las cuales yo personalmente rindo mi homenaje y obviamente en función de cuyo derecho a conocer la verdad trabajaremos”, apuntó.

Las «masacres» ocurrieron después de que el gobierno de Áñez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar controlar las manifestaciones que protagonizaban los sectores sociales afines al gobierno de Evo Morales. Con ese fin emitió el Decreto Supremo 4078 el 14 de noviembre de 2019, que liberaba de posibles sanciones penales a militares y policías.

El 15 de noviembre, una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos.

Según informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron a causa de impactos de balas. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí, mientras su colega de Defensa, Luis Fernando López, dijo que en el caso de Senkata el Ejército “no disparó ni un solo cartucho”.

Sobre ambos hechos luctuosos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron «masacres».

Áñez, que llegó al poder el 12 de noviembre de 2019 luego de dos días de la renuncia de Evo Morales, ahora guarda detención preventiva en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.