Cuando hablamos de las acciones de incidencia política que realizamos las organizaciones de mujeres y feministas, no basta con mencionar el marco constitucional que reconoce los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres, como base para exigir avances. Algunas anécdotas sirven para ilustrar nuestros esfuerzos de años, a veces décadas para lograr avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, pero también para mostrar cómo, permanentemente y de manera recurrente se nos pide que ofrezcamos evidencia para justificar nuestras demandas. Hemos aprendido que para lograr “arrancar” decisiones a quienes tienen el poder de tomarlas, en el caso de las mujeres, tenemos que presentar estudios, datos e información para mostrar que lo que pedimos es justo.

En ocasión del Día Mundial de la Población, el Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA por sus siglas en inglés, en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos presentó una nueva investigación en base a la revisión de 173 expedientes de un total de 323 procesos penales abiertos por delitos de feminicidio, entre 2018 y 2020 en 9 ciudades capitales y El Alto, que arroja que, en el 60.61% de los casos, la víctima tenía una relación íntima y afectiva con el autor. De igual manera se expone la extrema violencia con la que fueron consumados, 33% de los casos por traumatismo severo, 18.45% por asfixia, 16.07% por arma blanca, 10.12% por estrangulamiento. La Ley contra el Acoso y la Violencia Política tuvo un proceso de espera de más de una década para lograr que se reconociera como una forma de violencia, se presentaron estudios y casos registrados durante años. El asesinato de la concejala Juana Quispe, quien denunció reiteradas situaciones de acoso y violencia política, agilizó el tratamiento, aunque el caso sigue sin sanción. La Ley Integral para garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia, estuvo varios años esperando una oportunidad para ingresar al debate legislativo. El feminicidio de Analí Huaycho aceleró tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se han hecho varias evaluaciones y desde noviembre del año pasado se esperan las propuestas de modificaciones para mejorar su implementación.  Sin duda, algunos temas sensibilizan y movilizan más que otros (...). Lo estamos viendo en el caso de la violencia contra las mujeres, podemos elaborar una larga lista de documentos que dan cuenta de la magnitud, prevalencia y gravedad, sin embargo, no parece suficiente para sensibilizar e impulsar que se tomen medidas prontas e inmediatas para enfrentarla. Seguimos acumulando evidencia, por si cupiera duda. Seguimos esperando.

DESDE EL CUARTO PROPIO

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

monicanovillo@yahoo.com