La justicia argentina ya tramita dos procesos para investigar el supuesto envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, informó la agencia Télam.

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart resultó sorteado hoy para intervenir en la denuncia que presentó ayer el Gobierno nacional contra el expresidente Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el caso denominado "envío de material represivo" a Bolivia.

El sorteo se realizó esta mañana en la Cámara Nacional de ese fuero, que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado, en la que también quedó radicada otra denuncia presentada ayer por los mismos hechos por el exjuez Eduardo Freiler, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

En la denuncia del Gobierno el fiscal asignado es Claudio Navas Rial, el mismo que interviene en la denuncia formulada por el excamarista federal Freiler, que cayó en el juzgado en lo Penal Económico 4, a cargo del juez Alejandro Catania.

Los magistrados que recibieron ambas denuncias deberán decidir ahora si se unifican y, en tal caso, en qué juzgado: la primera denuncia por número de radicación es la presentada por Freiler en la cual el juez Caputo ya delegó la investigación en el fiscal Navas Rial, mientras que en el otro expediente el magistrado López Biscayart le requirió a los funcionarios denunciantes que en el plazo de 72 acompañen la documentación citada.

La denuncia presentada por el Gobierno de Alberto Fernández aludió a los delitos de "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación".

La presentación, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

En el texto de la denuncia se hizo referencia al "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la presentación.

El material bélico puesto a disposición del gobierno de Áñez habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.

De acuerdo a documentación incorporada a la denuncia, ese inventario de municiones no habría sido el definitivo: en julio del 2020, el Comandante Mayor Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, Carlos Miguel Recalde, emitió una nota en la que dejó constancia que unos 70.000 cartuchos antitumulto se habrían utilizado en Bolivia en maniobras de "entrenamiento".

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad ), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas) y Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.

El ministro Soria (Justicia), uno de los firmantes de la denuncia, sostuvo esta mañana en diálogo con Télam Radio que los hechos descubiertos en los últimos días constituyen "una mancha nefasta en la historia de la Argentina" ya que es "la primera vez que un presidente argentino colabora enviando armamento y municiones con un golpe de Estado de un país hermano como es Bolivia".

En Bolivia, las exautoridades implicadas rechazaron las acusacines y afirmaron que se falsificaron firmas en las supuestas cartas de recepeción y agradecimiento.