Luis Guillén, abogado de Jeanine Áñez, manifestó que la intención de la defensa de la exmandataria es que los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaren en la Fiscalía por el caso denominado “golpe de Estado”. Recordó que esa entidad emitió un comunicado y una declaración que avalan la sucesión de 2019 y el mandato de la expresidenta.   

“Ya lo hemos solicitado (que declaren integrantes del TCP) en su momento. Justamente, en los memoriales de ofrecimiento de prueba de descargo hemos solicitado, en el marco de lo que nos permite el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal de proposición de diligencias, que se cite a declarar a personal y a los supremos del Tribunal Constitucional Plurinacional”, dijo Guillén.

El jurista indicó que la Fiscalía había observado esa solicitud de la defensa, pero ahora que el TCP ya remitió al Ministerio Público de manera oficial el comunicado y la declaración constitucional, se reiterará el pedido de declaración.   

Dicho comunicado del TCP, emitido el 12 de noviembre de 2019, mismo día en que Áñez asumió la presidencia, recordaba una sentencia anterior la cual avalaba la sucesión Ipso Facto en caso de renuncia del mandatario.

Posteriormente, en enero de 2020, el TCP emitió una declaración de constitucionalidad de dos artículos del entonces proyecto de Ley de Prórroga de Mandato. En ese texto aprobado se dispuso extender el “mandato constitucional de la Presidenta del Estado” y asambleístas, además de autoridades electas de entidades territoriales autónomas.

Ambos documentos, el comunicado de 2019 y la declaración de enero de 2020, fueron remitidos a la Fiscalía de manera oficial por parte del TCP, a requerimiento para el caso de supuesto “golpe de Estado”. No obstante, el fiscal general Juan Lanchipa ya anunció que se ha solicitado al Tribunal complementar la información.

El abogado Guillén señaló que de haber sido inconstitucional el mandato de Áñez, el TCP se habría pronunciado en ese sentido, sin embargo, el Tribunal determinó declarar constitucional esos artículos de la Ley de Prórroga de Mandato.        

Áñez ya lleva cuatro meses encarcelada por este caso, cuya investigación se inició hace caso nueve meses. El defensor de la exmandataria aseveró que durante este tiempo el Ministerio Público no ha adjuntado ningún elemento que compruebe hechos terroristas, sediciosos o conspirativos.

“Recordemos que la hipótesis del Ministerio Público es que han existido estas manifestaciones realizadas por la ciudadanía y que estas habían sido organizadas con la finalidad de remover al expresidente Evo Morales, sin embargo, pese a esto, pues hasta el día de hoy no nos dice el Ministerio Público por qué estas movilizaciones por la ciudadanía podrían ser tildadas de terroristas”, acotó el letrado.

Agregó que tampoco la Fiscalía estableció cómo Áñez estaría relacionada al hecho de que hayan existido movilizaciones originadas después de las elecciones de 2019.