Ayer, 13 de julio, se cumplieron cuatro meses de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Mira¡flores, en medio de la solicitud de respeto de llevar adelante el debido proceso. Abogados denuncian la vulneración de derechos humanos de las exautoridades que se encuentran privados de libertad.

“Hoy (13 de julio) se cumplen cuatro meses de la detención de preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, violentando su derecho a la presunción de inocencia, privándola de defenderse en libertad”, dice un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Áñez.

Agrega que el “relato del supuesto golpe de Estado no ha podido, ni podrá sostenerse, no existen pruebas contra Jeanine Áñez, ni existirán, porque en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude”. El pasado 10 de julio, el portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, a través de un comunicado, demandó la necesidad de respetar el “debido proceso”.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señala que “el derecho a un debido proceso legal es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional”.

Los exministros detenidos, además de otras exautoridades civiles y militares, están viendo vulnerados su derecho al debido proceso, porque el Gobierno, en coordinación con la justicia, aplica la regla primero se realiza la “detención preventiva y luego se investiga”. “En este caso, no se cumple con la regla que señala que la ley presume que ‘todos son inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad’; lamentablemente, en Bolivia se aplica ‘culpable hasta que se demuestre su inocencia’”.

Parlamento Europeo cuestionó detención

En abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución común en la que se considera a Jeanine Áñez y sus excolaboradores “presos políticos” y se “denuncia y condena su detención arbitraria e ilegal”. 

La resolución pide a las autoridades bolivianas que los “liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”. También pide “un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas”, e insta a las autoridades a que “presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar”. 

El 12 de marzo, la Fiscalía incorporó a Áñez y sus más cercanos colaboradores a un proceso judicial por el supuesto golpe de Estado de 2019.