El juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, fue sorteado para intervenir en la denuncia que presentó el lunes el gobierno de Alberto Fernández contra el expresidente Mauricio Macri y casi una decena de sus excolaboradores por el caso del envío de “material represivo” a Bolivia en la crisis de noviembre de 2019.

Según una publicación de La Voz de Argentina, fuentes judiciales informaron que “el sorteo se realizó en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, fuero que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado”.

El diario Página 12 también ratificó la misma información al reportar que “la denuncia a Mauricio Macri por la colaboración con el golpe en Bolivia ya tiene juez: Le tocó a Javier López Biscayart”.

La denuncia, presentada durante la pasada jornada ante la justicia federal, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

Fue presentada por «el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno (argentino) encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo».

De acuerdo con un reporte de la agencia estatal de noticias Télam, los funcionarios del Gobierno argentino afirman en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue «poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder (en Bolivia), encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales».

Es así que «el hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero», se sostiene en el documento.

Este escándalo explotó la semana pasada en Bolivia a partir de la revelación de una carta de agradecimiento del 13 de noviembre de 2019 que había mandado Jorge Terceros, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), al entonces embajador argentino Normando Álvarez, por la provisión de “material bélico de agentes químicos”.

Aunque luego Álvarez negó haber recibido la misiva, cuya copia fue encontrada por su sucesor, Ariel Basteiro, fue confirmada en los archivos de la FAB.

En noviembre de 2019, Evo Morales renunció a la presidencia en medio de acusaciones de presunto fraude electoral y luego Jeanine Áñez tomó el poder a través de un cuestionado proceso de transición.