La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral decidió la suspensión temporal de la vocal Rosario Baptista por cometer una falta grave. Es una sanción prevista en la Ley del Órgano Electoral. Está pendiente un proceso disciplinario contra la misma vocal por una posible falta muy grave, que puede implicar su destitución. El TSE tiene el reto de preservar su autonomía e independencia.

La suspensión de la vocal Baptista por 22 días, sin goce de haber, tiene que ver con la demora en responder una petición de informe escrito (PIE) solicitada por un diputado del oficialismo. Las PIE son una acción de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional previstas en la normativa. Las respuestas deben ser remitidas en el término máximo de 10 días hábiles desde su recepción. La vocal Baptista se tomó tres meses para responder la petición que le fue delegada por la Sala Plena.

El problema de fondo no es la PIE y su tardía respuesta, sino el origen de tal acción de fiscalización respecto al TSE. La hoy suspendida vocal tuvo protagonismo en noviembre del año pasado cuando, poco después de las elecciones generales, cuya transparencia fue avalada por todas las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral, mandó de manera unilateral una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, sembrando con irresponsable temeridad dudas que no pudo sostener.

La carta de marras, velozmente derivada a la Secretaría General de la OEA por la excanciller Longaric, alimentó la narrativa del “fraude” (una vez más, como ocurrió en 2019) y la antidemocrática acción de algunos grupos, más bien marginales, que pretendían desconocer el resultado de los comicios a fin de evitar la posesión del presidente Arce, electo con mayoría absoluta de votos. Dichos grupos, mal llamados “activistas” (sic), llegaron incluso a los cuarteles para pedir intervención militar.

La pregunta esencial es por qué Baptista mandó una carta, sin conocimiento de su Sala Plena, afirmando que “este proceso electoral (de 2020) no cumplió con las condiciones necesarias que deben manifestarse en una elección democrática”. En el extremo de la intrepidez, planteó investigar “la posible existencia de un bloque de data alterno (en el padrón electoral), técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto”. El entonces presidente del TSE calificó la versión de “fantasiosa”.

Al día siguiente, la vocal mandó otra carta a Almagro aclarando que su solicitud “no cuestiona específicamente el resultado” de las elecciones, pero el daño a la legitimidad del proceso (y del sistema electoral) ya estaba hecho. Demás está decir que Baptista tampoco pudo sustentar sus dudas sobre el padrón. El proceso disciplinario por esta probable falta muy grave está en suspenso. Será bueno que se resuelva en plazo con pleno apego a los principios de legalidad, autonomía e independencia del TSE.