“Los golpista están arruinados”. Así el exvicepresidente Álvaro García resumió la situación de los militares y policías que participaron en el ingreso de armamento letal y no letal en noviembre de 2019 proveniente de Argentina, sin cumplir con requisitos como autorización de la Cancillería y del Ministerio de Defensa.

Además, afirmó en el programa streaming Piedra Papel y Tinta de La Razón que la Fiscalía “está en la obligación de abrir un proceso” para establecer responsabilidades en el ingreso irregular de “material bélico” el 13 de noviembre en una aeronave militar argentina que partió desde Argentina la noche del 12 de noviembre, dos días después de que renunciara Evo Morales y a horas de que tomara el poder Jeanine Áñez.

“Están arruinados, los golpista están arruinados, los militares y policías que recibieron ese cargamento con armas en la base aérea militar, los que autorizaron que aterrice, los que descargaron; si es militar tiene una pena de 30 años”, advirtió García apoyado en la ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.

Según el expresidente, no puede ingresar a Bolivia ningún armamento sin cumplir con los procedimientos por más riesgo que tenga una legación diplomática, en respuesta a la justificación de la exadministración de Mauricio Macri sobre el envío de ese material, que inicialmente lo negaron, para el resguardo de sus instalaciones diplomáticas en La Paz.

Una carta de agradecimiento, fechada el 13 de noviembre, del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros al exembajador argentino Normado Álvarez por “material bélico” permitió descubrir lo que el gobierno considera apoyo del gobierno de Macri a la administración de Áñez.

Según el detalle oficial, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó el envío a Bolivia, por 90 días, de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos; dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70. Y habilitó el traslado de 11 miembros de la GNA.

Además, ingresó a Bolivia “70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta”, además de “661 granadas de mano de gas hostigamiento”.

García explicó que por la documentación que se conoce hasta el momento no hubo ninguna autorización de autoridad ya sea de Cancillería o del Ministerio de Defensa, carteras de Estado que, entre el 12 y 13 de noviembre, estaban sin autoridades.

“Este es un tema muy grave, se tiene que sancionar a quienes violaron la ley y la Constitución”, insistió y recordó que el alto mando de las Fuerzas Armadas bajo el mando de Williams Kaliman actuó desde el 10 de noviembre al margen del “mando civil”.

Según García, ese armamento antidisturbios se usó en los operativos policiales-militares que acabaron con más de 20 muertos por impactos de bala en Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, cuando sectores sociales se movilizaban en apoyo a Morales.

“Heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la Policía y las Fuerzas Armadas han matado gente, han herido gente”, aseguró y recordó que Paulino Condori y Percy Conde “murieron por disparos de cartuchos de escopeta”.

Una vez abierta una demanda penal en Bolivia, el proceso podría llegar hasta Macri y su exministra Patricia Bullrich bajo el acuerdo de Palermo que sanciona de forma transnacional el tráfico de armas

En Argentina, activaron una demanda penal contra Macri y otras exautoridades por el envío de “material bélico” a Bolivia.

Por el momento, la Fiscalía no informó del inicio de una investigación de oficio.