La fiscalía general del Estado requirió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) documentación complementaria y original respecto al comunicado que avaló la sucesión de la expresidenta Jeanine Añez, el 12 de noviembre de 2019.

“Hemos solicitado, a través de un requerimiento, una información al Tribunal Constitucional, este requerimiento contiene varios puntos entre ellos la remisión de la documentación original respecto al comunicado que hubieran emitido, además de otra información. El Tribunal Constitucional nos ha hecho llegar una parte de la información solicitada y debe complementarla, nos han pedido un plazo que se cumple esta semana para que podamos tener todos los elementos que hemos solicitado en relación al comunicado y otras actuaciones que han llevado adelante dentro del TCP”, sostuvo el fiscal general Juan Lanchipa.

En noviembre de 2019, a solo minutos de que Añez asumiera la presidencia del Estado de Bolivia, el TCP dio su respaldo legal a la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del presidente.

En ese marco, el presidente del TCP, Paul Franco, remitió al Ministerio Público información relacionada al comunicado que emitió en el 2019 respecto la sucesión de Áñez, pero Lanchipa dijo que es incompleta.

Según una nota de prensa de la Fiscalía, la máxima autoridad del Ministerio Público explicó que la información requerida al TCP es importante para conocer el alcance y efecto constitucional de su pronunciamiento a través de un comunicado respecto a la línea de sucesión presidencial de noviembre de 2019.

Añadió que la Comisión de Fiscales diseñó una estrategia investigativa respecto al caso “golpe de Estado” y elaboró un cronograma para las convocatorias. “Primero se está convocando a las personas denunciadas que habrían estado vinculadas en estos hechos y que habrían deliberado, por ello se convocó a los militares y posteriormente la comisión evaluará a que otras personas se convocará”, indicó Lanchipa.

El TCP se pronunció en noviembre de 2019 mediante un comunicado ante la grave situación política y social que vivía el país y ante la renuncia del presidente, vicepresidente, así como de las presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados.

En ese entonces, el TCP señaló que la jurisprudencia constitucional que se encuentra en la Declaración Constitucional 0003/01, estableció en su “considerando III, apartado 111.3 que, frente a una sucesión constitucional, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe del Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley, ni re Resolución congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República”.

También estableció que “conforme al texto sentido de la Constitución, el vicepresidente asume ‘ipso facto’ la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el ordenamiento constitucional”.