Los efectivos enviados en noviembre de  2019 por el entonces gobierno de Argentina vinieron para resguardar su embajada, ante la situación que imperaba en Bolivia. Cuando el denominado grupo Alacrán regresó a su país, informó que en los meses de su estadía  en el territorio  nacional  usó la munición en  ejercicios de entrenamiento, según la misiva que Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, dirigió al presidente Alberto Fernández.  

Ayer en la tarde, el gobierno de Fernández denunció por este caso al expresidente Mauricio Macri y a otros exfuncionarios.  

En su misiva, Bullrich da cuenta de que en noviembre de 2019  el país quedó sumido en el caos  y que, ante ese clima, el gobierno de Macri “cumplió con su deber” de resguardar la  embajada de Argentina. Esa protección, subraya la exministra de Macri, alcanzó también a los entonces “ministros renunciantes” de Evo Morales, Carlos Romero (Gobierno) y Mariana Prado (Planificación) que se refugiaron en ese recinto. Agrega que también era necesario brindar protección a los periodistas argentinos “destacados” en La Paz.  

Bullrich señala que para cumplir con esa  misión se requirió “la presencia” del grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que es “la agrupación con mayor entrenamiento” de la entidad    y que “está capacitada en el empleo de armamento antidisturbio, lo cual le brinda la mayor flexibilidad de operación”. También se requirió autorización a la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) para el “envío del material y de su uso” en Bolivia, lo que se solicitó el 11 de noviembre de 2019. 

Esa misma jornada, la Anmac autorizó el traslado de diez pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres,  de las cuales 3.600 eran calibre 12-70; y también se habilitó el traslado de 11 miembros de la GNA.

El 12 de noviembre, según la carta de Bullrich, “a fin de dotar a los efectivos que debían prestar ese servicio con el equipamiento suficiente como para cubrir un período del cual se ignoraba su extensión hacia el futuro”, la Dirección de Logística de la GNA solicitó una ampliación del número de cartuchos antitumulto y agregó al pedido, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de gas de hostigamiento. 

Bullrich remarca que el 15 de julio de 2020, en la rendición de cuentas del Servicio Administrativo Financiero de la Gendarmería Nacional, se informó que  durante su estadía en Bolivia, desde noviembre de 2019 hasta junio de 2020, la Agrupación Fuerzas Especiales de GNA brindó “seguridad a la embajada”, y que “a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión”.

La exministra de Macri cita textualmente el informe: “En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de SETENTA MIL 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM A/T. (es decir, antidisturbios)”.

Bullrich también indica que grupo “Alacrán” regresó a Argentina y redactó su informe “cuando ya habían transcurrido siete meses” del gobierno de Fernández.    “Resultaría importante entonces que las actuales autoridades y no las anteriores respondan de qué modo controlaron las operaciones que se llevaban a cabo en Bolivia y el empleo adecuado del material, ya que desde el traslado de los gendarmes con el material autorizado transcurrió menos de un mes dentro del período restante de gestión del presidente Mauricio Macri, cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre de 2019, y siete meses del gobierno que asumió ese mismo día; es decir, el suyo”, indica. 

En el informe que el Ministerio de Seguridad, presidido ahora por Sabina Frederic, solicitó a las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina se indica que detectaron  diferencias entre el material solicitado oficialmente y lo que registró la Policía Boliviana al ingresarlo al país. “En lo enviado por Argentina figuran 70.000 cartuchos antidisturbios y la Policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos”, se lee en  el documento.

En el informe se agrega: “La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados y lo autorizado y registrado por la Policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas”.  

Al respecto, Bullrich indica en su misiva  que “si se registró una diferencia”, habrá que investigar qué ocurrió en Bolivia, pero que la rendición de cuentas se produjo durante el  gobierno de Fernández, hace ya exactamente un año. 

La pasada jornada, el actual Gobierno de Argentina interpuso una denuncia contra Macri, los ministros Bullrich, Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) y Oscar Aguad (Defensa), el exembajador en Bolivia Normando Álvarez y contra otros cinco exfuncionarios, por la posible comisión de los delitos de contrabando, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, entre otros.  

Según la demanda, los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de la supuesta nota atribuida al excomandante de la FAB  Jorge Terceros  dirigida al exembajador Normando Álvarez, lo que dio a lugar a una serie de investigaciones administrativas del gobierno de Fernández.