Abandonan el cargo, huyen ante la ola masiva de indignación que su inconducta electoral y fraude han levantado, azuzan el caos, la ingobernabilidad y la confrontación incluso amenazando abiertamente a través de sus teléfonos con producir un baño de sangre en el país –ahora hay ya  declaraciones y testificaciones legales y de prensa y  varios registros grabados y filmados dando cuenta de ello de modo incuestionable y legalmente definitivo–, y precipitan, en un accionar despiadado de instigación de violencia, cerca de una cuarentena de muertes en todo Bolivia, entre ellas las muertes de Sacaba y Senkata, matanza de la que son los principales responsables.

Nadie que tenga un mínimo de compasión puede dejar de demandar justicia respecto de Sacaba y Senkata y de las otras muertes ocurridas en todo el país a finales de 2019. Los culpables de esos trágicos hechos deben ser enjuiciados y la investigación de lo ocurrido –en el marco del debido proceso a quienes estuvieron involucrados con mayor y menor responsabilidad directa en esos terribles sucesos–, es una cuestión básica primordial para la vigencia del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Bolivia. Parte de los investigados deben ser, ahora esto ya es indiscutible y urgente, Evo Morales, Álvaro García y seguramente una lista de operadores tanto a nivel de la cúpula como a nivel de mandos medios de los equipos del MAS. 

No es suficiente con investigar las responsabilidades en las matanzas de Sacaba y Senkata de los ministros de gobierno y de defensa –Arturo Murillo y Fernando López– y otros operadores represivos del gobierno de Jeanine Añez. Eso debe hacerse de modo imprescindible, pero no basta. No es suficiente, ni basta, ahora que Evo Morales aparece, lo que es un horror,  incluso filmado ante una concentración cocalera en Chimoré, el 11 de noviembre de 2020, declarando él mismo con abierto cinismo que él y Álvaro García habían amenazado al entonces comandante de la FAB, Gonzalo Terceros, previniéndole que ellos tenían a mano y disponible, en octubre-noviembre de 2019, el potencial de masa y operativo –“más de 10.000 compañeros concentrados” –, para hacer arder “el aeropuerto” de Chimoré, en el Chapare, y para hacer “arder (a los) soldados “ de Terceros. Este último, por su parte, ha confesado en sus declaraciones ante la Fiscalía que Morales y García lo amenazaron además con hacer arder La Paz, espetándole que “usted será el culpable de que los 15.000 compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad”.  Así, en ese marco de instigación abierta de la violencia por parte de Evo Morales y de Álvaro García, ardió finalmente Sacaba y ardió Senkata. 

Azuzaron, antes y tras huir a México, con discursos incendiarios a sus bases en el Chapare hasta que estas optaron por intentar invadir violentamente la ciudad de Cochabamba para precipitar en ella una convulsión con riesgos inimaginables. Azuzaron o quizá incluso hicieron que se pague a sus seguidores para convulsionar El Alto y La Paz. Evo Morales y Álvaro García han sido los principales responsables de las muertes en Bolivia a fines de 2019 y de las matanzas en Sacaba y Senkata, unas matanzas cuya investigación debe realizarse sin encubrir la gravísima responsabilidad de parte de la más alta cúpula del MAS en lo ocurrido. ¿Es que alguien olvida que Morales llegó incluso a instruir –lo que está grabado, constituyendo un pavoroso extremo de desprecio de los derechos humanos más elementales–, “cercar” a la ciudad de La Paz para someterla al hambre?

Ocultar y tapar a como dé lugar la trágica corresponsabilidad política y hasta operativa de Morales y García en esas muertes y matanzas –otros miembros de la cúpula política del MAS y otros dirigentes de las organizaciones sociales controladas por este partido deberán igualmente ser investigados–, es obviamente uno de los objetivos de la ficción del supuesto “golpe de Estado” al terminar 2019. Pero con esa ficción, hay que remarcarlo, el MAS pretende encubrir no solamente su más que evidente rol como gestor político primordial de la crisis de Estado ocurrida a fines de ese año. 

Esa crisis se produjo, como todos lo sabemos, por haber desconocido el MAS los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 que le prohibieron a Morales postularse otra vez como candidato presidencial en 2019 y por los intentos de Morales de hacerse de la presidencia de Bolivia por tiempo ilimitado apelando con toda inmoralidad política a un supuesto “derecho humano” a la “reelección indefinida”. El MAS produjo, alimentó y precipitó con su inconducta electoral y la desbocada ambición de Morales el larvado de la convulsión que sacudió a Bolivia en octubre y noviembre de 2019. La ficción del “golpe de Estado” pretende encubrir la responsabilidad abierta de Evo Morales y su partido en el larvado y estallido de esa crisis. Pero, peor aún, la ficción del “golpe de Estado” busca ocultar y encubrir lo más trágico y pavoroso: la responsabilidad directa por instigación a la violencia de Evo Morales y de Álvaro García en las muertes de Sacaba y Senkata y en otras localidades y en el sufrimiento y luto de toda Bolivia. Tal inmoral encubrimiento no puede ni debe aceptarse. Que se haga justicia.