“Así como no hubo golpe de Estado cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y huyó del país en 2003, tampoco hubo golpe de Estado cuando Evo Morales decidió renunciar y huir apresuradamente a México”, sostiene José Antonio Quiroga, excoordinador político nacional de Comunidad Ciudadana (CC), que fue citado a declarar  en calidad de testigo por el denominado caso “golpe”.  

La audiencia, que estaba programada para el pasado jueves, fue suspendida. “Nosotros sostenemos que es un caso fabricado, que es un caso armado artificialmente, pero vamos a cumplir con lo que la ley nos señala”, sostuvo entonces Quiroga.   

En entrevista con Página Siete, reafirma su posición: “Este juicio tiene el propósito de resolver las disputas internas del MAS (...) Evo Morales está procurando reposicionar su imagen pública que ha sido duramente criticada por sectores de su propio partido, por su huida del país,  pero también por las decisiones que tomó desde el 21F hasta la pésima selección de candidatos del MAS para las subnacionales”, sostiene.

Con mirada autocrítica también reflexiona sobre el rol de la oposición después de la renuncia de Morales; a la distancia evalúa los hechos de 2019 y cuestiona el actual papel de la justicia.

¿Cómo recuerda los 21 días de conflictos posteriores a la elección del 20-O y, a la larga, cuál fue el resultado de esa movilización? 

Ahora que podemos apreciar las cosas con la perspectiva que da el tiempo, creo que lo que sucedió en Bolivia en esos 21 días de movilización fue algo muy parecido a lo que pasó hace una década en el norte de África y en Oriente Medio durante la “primavera árabe”. La gente se sublevó masiva y espontáneamente a lo largo de días y semanas, para poner fin a las autocracias y dictaduras que llevaban gobernando esos países durante decenios y que convirtieron a los ciudadanos en súbditos de unos regímenes teocrático-militares o de caudillos populistas. No fueron movilizaciones organizadas y tampoco tuvieron una representación política muy bien definida. Fueron desbordes sociales que se produjeron por fuera del precario y cuestionado sistema de partidos. 

En el caso boliviano, la gente se movilizó porque no estaba dispuesta a que el MAS desconozca una vez más la voluntad del soberano, expresada en las urnas, como sucedió en el referendo  del 21F. Cuando la noche de las elecciones se interrumpió sin explicaciones el TREP,  después de conocer que las proyecciones aseguraban una segunda vuelta electoral entre Evo Morales y Carlos Mesa, se encendieron las señales de alarma del sistema inmunológico de la democracia boliviana y la gente salió a protestar masiva y espontáneamente. Lo lamentable es que el resultado final fue también muy parecido al de la primavera árabe: fueron derribadas algunas tiranías pero luego no se pudo avanzar hacia la construcción de nuevo sistema democrático. 

El gobierno constitucional transitorio, perturbado por la pandemia, cumplió con su mandato de asegurar nuevas elecciones, pero incurrió en formas inaceptables de represión, decidió llevar adelante una candidatura ilegítima, impuso un discurso ideológico confrontacional y hubo casos de corrupción, todo lo cual contribuyó a relegitimar el corporativismo autoritario del MAS. Es una historia que tiene una cara heroica y otra trágica: los ciudadanos hicieron su trabajo, pero falló el sistema político. 

Pero en ese análisis no aparece Comunidad Ciudadana. ¿Cuáles fueron las acciones de CC en ese período?

Una de las principales contribuciones de CC fue construir la única opción electoral que tenía posibilidades de derrotar electoralmente al MAS después de 14 años de deriva autoritaria y extravío programático. A diferencia de lo que sucedió con los frentes electorales de 2009 y 2014, CC se propuso construir una opción democrática de largo alcance. En algún momento la definimos como “una institución para la democracia”. Si no se anulaban las elecciones como resultado del fraude electoral y la crisis política de noviembre de 2019, era previsible que Carlos Mesa hubiese ganado en la segunda vuelta y llevado adelante un ambicioso programa de reformas institucionales, comenzando por la justicia. Lo que la auditoría de la OEA (hay que recordar que fue solicitada por el gobierno de Morales con carácter vinculante), definió como una “manipulación dolosa de los resultados electorales”, estuvo destinada justamente a evitar ese desenlace electoral. 

CC participó activamente en la movilización ciudadana pacífica –no hay que olvidar que uno de los componentes más importantes de ese frente fueron las plataformas ciudadanas del 21F– y buscó en todo momento una salida pacífica y constitucional a la crisis política. No fuimos parte del gobierno de Añez, al que criticamos por los desaciertos de su gestión política, sanitaria y ambiental. Pero no logramos consolidar el centro democrático en un momento de polarización entre dos bloques sociales, regionales, corporativos e ideológicos antagónicos: el representado por el MAS y el representado por el gobierno de Añez y la candidatura de Camacho. El resultado fue que en 2020 recibimos una votación más baja que en 2019. Obviamente, no es correcto responsabilizar a nuestros adversarios por ese resultado: tenemos que sacar las lecciones de nuestras propias opciones, de nuestros aciertos o desaciertos estratégicos y políticos.

Dos  investigaciones periodísticas  -“La pacificación del país se operó tras bambalinas” de Raúl Peñaranda en La Revolución de las pititas y 21 días de resistencia de Robert Brockmann- coinciden en que el domingo 10 de noviembre de 2020, usted, como dirigente de CC, recibió de parte del entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, la solicitud de una reunión para conocer la posición de CC sobre la posibilidad de que Adriana Salvatierra asumiera la  Presidencia ante la inminente renuncia de Morales. ¿Quiénes participaron en esa reunión, en qué circunstancias se realizó y qué temas se abordaron?

Bueno, creo que ése es el tema principal por el que la Fiscalía me citó a prestar declaraciones como testigo en el caso del supuesto golpe de Estado. Lo que sucedió en esa reunión está recogido con bastante fidelidad en los dos libros que menciona. 

La expresidenta Añez expresó recientemente  en su declaración al Ministerio Público: “En esa reunión Adriana Salvatierra plantea y anticipa ante una posible renuncia de Evo Morales, que ella accedería a la Presidencia en sucesión constitucional y llamaría a elecciones con un nuevo Tribunal Constitucional (sic). Y le consulta si eso sería aceptado por el señor Carlos Mesa. El señor  Quiroga llama a Carlos Mesa por teléfono para consultarle y éste le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión (porque) las protestas continuarían”.   ¿Es cierto que hubo esa llamada y esa respuesta?

La señora  Añez reprodujo de manera incompleta la respuesta que recibí de Carlos Mesa. En el artículo que ella citó en su declaración informativa, el autor dice textualmente (permíteme leer): “Mesa le dijo a Quiroga que la Constitución establecía esa sucesión, y que debía darse, pero que seguramente la ciudadanía no la aceptaría. Que las protestas continuarían con ella en la Presidencia”. Añez omite la primera parte de la respuesta que confirma el apego de Mesa a una salida constitucional. Por lo demás, Salvatierra misma creía que no existían condiciones para hacerlo: lo repitió en varias declaraciones públicas y ante la misma Fiscalía. 

Pero aquí viene lo más interesante: el secretario general de la Fiscalía, el  señor  Edwin Quispe, falsifica las declaraciones de Añez con el propósito de incriminarnos. En una declaración a los medios, Quispe dijo que, según el testimonio de Añez (leo otra vez para citar fielmente), “habría tenido reuniones con Carlos Mesa, José Antonio Quiroga, Ricardo Paz”. Pues bien, Jeanine Añez jamás declaró eso. Semejante falsificación de una declaración judicial puede ser explicable si la comete uno de los cronistas del golpe de Estado, pero es inadmisible en uno de los patrocinadores de este caso, nada menos que el secretario general de la Fiscalía. Eso da una idea de cómo se manipula la justicia para someterla a los designios del partido de gobierno.

Según las publicaciones citadas, tras la renuncia de Morales, usted recibió la llamada del novelista mexicano Pedro Miguel, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le expuso Miguel?

Efectivamente, la noche del 10 de noviembre recibí la llamada del escritor y periodista mexicano Pedro Miguel,  a quien conozco desde mis tiempos de estudiante en el exilio mexicano. Él es parte del equipo político que acompaña a López Obrador pero la llamada no la hizo a nombre del Presidente mexicano. Me dijo que querían enviar un avión para recoger a Morales, a quien ya habían ofrecido asilo, pero que perdieron contacto con él y sus ministros a raíz del estado de convulsión en el que estaba nuestro país. Le transmití el mensaje a Manuel Canelas. Ahí terminó mi intervención en ese incidente, pero no me sorprendería que alguno de los fiscales o algún cronista del golpe diga ahora: “Quiroga reconoció que trajo un avión para provocar la salida involuntaria de Morales”.

 
CC sostiene que el  caso “golpe” está armado artificialmente. ¿Cuáles son sus argumentos?

El argumento principal es que lo que sucedió en noviembre de 2109 no fue un golpe de Estado, sino una crisis política provocada por la vulneración sistemática del orden constitucional –desde el 21F hasta el fraude del 20 de octubre– por aquellos que consideraban que no se iban a rifar la reelección por un apego abstracto a la norma, como dijo García Linera. Esa crisis política desembocó en la renuncia de Morales y García y dio paso a la conformación de un gobierno transitorio encargado de convocar a nuevas elecciones. Es útil recordar la experiencia histórica: así como no hubo golpe de Estado cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y huyó del país en 2003, tampoco hubo golpe de Estado cuando Evo Morales decidió renunciar y huir apresuradamente a México. 

Pero también hay argumentos jurídicos: muchos de los dirigentes, parlamentarios y operadores judiciales del MAS –comenzando por el presidente Arce– reconocieron en su momento que en noviembre de 2019 hubo una sucesión constitucional, pero ahora afirman lo contrario. Por ejemplo, el actual  ministro de Justicia, Iván Lima, publicó el 9 de enero de 2020 un artículo titulado “¿Crisis del 22 de enero de 2020?” en el que afirmó que la señora Añez ejercía la “Presidencia del Órgano Ejecutivo, por mandato del artículo 169 de la Constitución” y, para que no quepan dudas, afirmó que la Presidencia del país fue asumida por “la Segunda Vicepresidenta del Senado, en funciones de Presidenta del Senado en suplencia”. Pero Lima actúa ahora como un implacable comisario del MAS, encargado de armar un caso sobre un golpe de Estado que no existió.

Pero además, hay que recordar que se promulgaron dos leyes, la de convocatoria a elecciones y la de prórroga de mandato, aprobadas por la ALP controlada mayoritariamente por el MAS, que sancionaron la constitucionalidad de la transición. Finalmente, nunca se ha visto que un gobierno golpista organice unas elecciones en las que pueda ganar el régimen depuesto. 

Morales provocó la renuncia de todos los militantes de su partido colocados en la línea de sucesión constitucional y llamó a sus bases a incendiar el país mientras él se iba a México. Hugo Moldiz afirmó en su libro sobre el golpe que “el presidente indígena” cometió un error estratégico al haber tomado la decisión de provocar esas renuncias en cadena. ¿Por qué tienen que enjuiciar a Jeanine Añez y a otros dirigentes de la oposición por un error cometido por ellos mismos?

Además de sus objetivos amedrentadores, al estilo Nicaragua, este juicio tiene el propósito de resolver las disputas internas del MAS. Recordemos la dura acusación de Eva Copa: “Si de traidores hablamos, traidor es aquel que huye y deja abandonado e indefenso a su pueblo”. Evo Morales está procurando reposicionar su imagen pública que ha sido duramente criticada por sectores de su propio partido, por su huida del país pero también por las decisiones que tomó desde el 21F hasta la pésima selección de candidatos del MAS para las subnacionales. 

Concluyo con esta reflexión: nada de lo que sucedió en noviembre de 2019 –ni el fraude, ni la movilización ciudadana, ni el cambio de gobierno– habría sucedido si Evo Morales y García Linera hubiesen respetado los resultados del referendo del 21F. Ése es el vicio más antiguo en el caso que nos ocupa. Ahora que la CIDH dará a conocer su Opinión Consultiva sobre el supuesto “derecho humano” a la reelección indefinida que utilizó el MAS para la habilitación inconstitucional de Morales y García para un cuarto período consecutivo de gobierno, se restablecerá la verdad histórica sobre una de las vulneraciones más graves al ordenamiento constitucional del país,  cometida por los que ahora aparecen como “víctimas de un golpe de Estado”.

HOJA DE  VIDA

•  Estudios    El sobrino de Marcelo Quiroga es licenciado en filosofía, egresado de la UNAM. Tiene un diplomado en periodismo en Conacyt, México.
•  Plural  Es director ejecutivo  de Plural editores (1994-2021), y  responsable de la edición de más de 1.200 títulos.