Medio: La Razón
Fecha de la publicación: jueves 08 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que
este viernes se tomará la declaración informativa a la expresidenta transitoria
Jeanine Áñez por las “masacres” de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto),
ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.
“Dentro de la proposición acusatoria por las víctimas de
Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través
de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la
señora Jeanine Áñez para el día de mañana, que por medidas de bioseguridad se
tomará en el penal de Miraflores (de La Paz)”, dijo.
Lanchipa agregó que, para la toma de la declaración de Áñez,
se trasladarán a la ciudad de La Paz dos fiscales superiores que tendrán el
cuaderno de investigación, mientras él participará vía Zoom desde la ciudad de
Sucre.
La proposición acusatoria, por las “masacres” de Sacaba y
Senkata, fue presentada el 1 de julio por un grupo de 20 personas (entre
víctimas y familiares) y el lunes se informó que Fiscalía General del Estado
admitió los legajos para su investigación.
Las masacres ocurrieron después de que el gobierno de Áñez ordenó
la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar controlar las
manifestaciones que protagonizaban los sectores sociales afines al gobierno de
Evo Morales. Con ese fin emitió el Decreto Supremo 4870 el 14 de noviembre de
2019, que liberaba de posibles sanciones penales a militares y policías.
El 15 de noviembre, una columna de manifestantes, entre
cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba,
Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos,
y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de
manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y
militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de
combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos.
Según informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes
del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos
fueron a causa de impactos de balas. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo
Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los
movilizados se mataron entre sí, mientras su colega de Defensa, Luis Fernando
López, aseguró que en el caso de Senkata el Ejército “no disparó ni un solo
cartucho”.
Sobre ambos hechos luctuosos, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados
Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.
Mientras Áñez, que llegó al poder el 12 de noviembre de 2019
luego de la renuncia de Evo Morales, guarda detención preventiva en la cárcel
de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el
caso Golpe de Estado, a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo
(MAS) Lidia Patty.



