Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 26 de junio de 2018
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Mesa: Buscan eliminarme por ser figura política relevante
EL EXPRESIDENTE CARLOS MESA TAMBIÉN PLANTEÓ UN JUICIO CONTRA AUTORIDADES DEL ESTADO. ARCHIVO
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) afirma que el Gobierno quiere enterrar su "irresponsabilidad" en el caso Quiborax, donde perdió el juicio por una "pésima defensa", comprometiéndolo a él en un proceso penal que, además, afrontaría por ser “figura política relevante en un escenario electoral ficticio”.
"Haciendo honor a su modo habitual de proceder, el Gobierno quiere enterrar su irresponsabilidad endilgándome a mí el ´muerto´. Busca así un doble resultado: eximir su daño al Estado y eliminar a una figura política relevante en un escenario electoral ficticio, que se basa en la ilegal postulación del Primer Mandatario a un cuarto periodo presidencial", sostiene Mesa en su blog.
La exautoridad afirma que el caso Quiborax es un emblema de la "forma autoritaria e irresponsable de cómo funciona el Gobierno del presidente Evo Morales" y dio ocho argumentos en su defensa ante la acusación del Ejecutivo que lo implica en daño económico al Estado por 42.6 millones de dólares.
Entre esos argumentos, Mesa señala que las acciones penales que el procurador Pablo Menacho pide iniciarle, por los "supuestos e inexistentes delitos" producto del Decreto Supremo (DS) 27589 de 23 de junio de 2004, aprobado en su Gobierno, "son inconducentes, porque el hecho ha prescrito superabundantemente, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma es ilegal".
Indica que a esto se suma, en su defensa, que el expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado DS, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005.
PREACUERDO Mesa recuerda que antes de iniciar formalmente el proceso arbitral en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), Bolivia y NMM-Quiborax habían llegado en 2008 a un acuerdo de conciliación por el que Bolivia se comprometió a pagar 3 millones de dólares a la empresa como compensación por la anulación de sus concesiones. Acuerdo que consta en el numeral 10 de la "Decisión sobre Medidas provisionales" dictado por el Tribunal Arbitral del CIADI. Sin embargo, el 14 de enero de 2009 NMM-Quiborax comunicó al Tribunal que "Bolivia se había retractado del citado acuerdo, lo que le causó al país, tras el pago realizado en 2018, una pérdida de 39.6 millones de dólares".
Sin embargo, años antes se conoció que los propietarios de NMM-Quiborax, Allan Fosk, propietario chileno de Quiborax, y David Moscoso, accionista de NMM, y otros, falsificaron el acta de constitución de la empresa, y esa falsificación alteró su composición accionaria. Tal delito era imprescindible para poder presentar una demanda de arbitraje ante el CIADI, amparándose en el Tratado de protección de inversiones suscrito entre Chile y Bolivia, ya que el citado delito fue reconocido expresamente por David Moscoso en el proceso penal abreviado, que el 14 de agosto de 2009 lo condenó a dos años de cárcel por uso de instrumento falsificado.
Pero "a pesar de la gravedad del delito que contaminó de nulidad absoluta todo el proceso arbitral desde la presentación de la demanda, Bolivia no logró la extinción de este proceso viciado".
“Tras la sucesión de irregularidades y desatinos en la defensa de Bolivia, el 7 de junio de 2018 el ministro de Minería, César Navarro, y el procurador Pablo Menacho le pagaron a NMM-Quiborax 42.6 millones de dólares, generando un grave daño al Estado. Nótese que de acuerdo a la fraudulenta composición de NMM, ¡el falsificador confeso David Moscoso es dueño del 49 por ciento de sus acciones, por lo que recibirá 20.8 millones de dólares del Estado que lo condenó a dos años de cárcel!”, sostiene.
Proceso
La Procuraduría pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Mesa, para determinar su responsabilidad en el caso Quiborax.