Las Fuerzas Armadas (FFAA) concretaron insubordinación antes, durante y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, el día en que se ejecutó el golpe de Estado.

“En cumplimiento al mandato Constitucional y las leyes en actual vigencia donde señalan que las únicas Instituciones autorizadas para portar armas son las Fuerzas Armadas y la Policía, el Mando Militar ha ordenado la ejecución de operaciones militares áreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la Ley (sic)”, se lee en un comunicado de prensa difundido el 10 de noviembre de 2019 por la Dirección de Comunicación Social de las FFAA y replicado en los noticieros del mediodía. La dimisión de Morales se concretó a las 16.50.

Con ese antecedente, esa jornada, horas antes de la dimisión de Morales, las FFAA activaron operaciones militares terrestres y áreas. Un caso concreto es el registrado en Challapata, Oruro, donde dos aviones de ataque K8 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sobrevolaron la zona donde delegaciones de mineros cooperativistas fueron emboscados desde los cerros por francotiradores y que provocó al menos cinco heridos.

A casi dos años de los hechos, el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, consideró que las FFAA cometieron acciones al margen de lo establecido por las normas y desconociendo instrucciones directas el entonces mandatario Morales. Pidió que las instancias correspondientes investiguen los hechos hasta dar con los responsables.

“Lo que está claro es que ya había una clara insubordinación en varios oficiales de las FFAA horas antes de la renuncia del presidente Evo Morales. No acataban ya ni órdenes del Presidente en ejercicio en ese momento, ni órdenes del Ministro de Defensa, labor que cumplía en ese momento”, aseguró en entrevista con la red Patria Nueva.

“¿De quién sí acataban órdenes? Eso es lo que se tiene que esclarecer en este proceso que se les ha iniciado. No es que las Fuerzas Armadas desoyeron las instrucciones de Evo Morales y Javier Zavaleta y se quedaron estáticas. Comenzaron a actuar y está claro, por lo menos hasta mi renuncia (12 de noviembre) sin instrucciones mías, y después de mi renuncia, también deben aclarar las instrucciones de quién recibían en el momento en que hay el vacío de poder, etc.”, acotó la exautoridad.

El 10 de noviembre de 2019, las FFAA no sólo emitieron un comunicado anunciando operativos terrestres y aéreos, sino deliberaron y sugirieron la renuncia del entonces Jefe de Estado en ejercicio.

El comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, en un comunicado que leyó en conferencia de prensa a las 15.48, aseguró que “ante la escalada de conflicto que atraviesa el país” lo siguiente “sugerimos al presidente de Estado que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Misión de las FFAA

Según el Artículo 244 de la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Carta Magna, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país.

“La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley”, se lee en el Artículo 245.

A eso se añade, en el Artículo 246, que las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe.

Insubordinación durante y después del golpe

Los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre de 2019. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno impulsaron movilizaciones mientras el conteo de votos no había culminado. A eso, se sumó, en noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo público un informe preliminar en el que cuestionaba las elecciones presidenciales.

Esa situación, que se sumó a la insubordinación militar, provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado.

Al día siguiente de la renuncia de Morales, el 11 de noviembre de 2019, un encuentro convocado por la Iglesia Católica, donde representantes de la oposición que optaban por alternativas a Morales, se convirtió en el escenario de condicionamientos a representantes del Gobierno en medio de una crisis política.

Por ejemplo, se conoce que, en ese entonces, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, sin tener cargo público ni representación, fue uno de los involucrados para lograr contacto con las FFAA y gestionar acciones de los uniformados.

En entrevista con el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, el analista político y exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, aseguró que “las FFAA dieron un golpe, un golpe similar a la década de los ‘60 y ‘70 en términos de la amenaza del uso de la fuerza, porque las FFAA hacen golpe por acción y omisión. En este caso, fue por omisión los días previos al golpe, terminaron el golpe y después del golpe jugaron un papel por acción, a propósito de las masacres de Senkata y Sacaba”.

El 12 de noviembre de 2019, la entonces la senadora Jeanine Áñez asumió, en ese escenario y sin respetar la sucesión constitucional, la Presidencia del país y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, del régimen de Áñez, permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces. La norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas. Tenían permiso para matar.

El 19 de noviembre de 2019, 10 civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa del operativo que se ejecutaba bajo el decreto en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto.

La represión militar y policial no sólo se registró en La Paz, sino el 15 de noviembre de 2019, cuando uniformados ejecutaron un operativo en la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba. La represión provocó la muerte de 12 personas.