El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, afirmó ayer que el Gobierno quiere enterrar su "irresponsabilidad" en el caso Quiborax, donde perdió el juicio por una "pésima defensa", comprometiéndolo a él en un proceso penal para eliminarlo como figura política en un escenario electoral ficticio.

Apunta al gobierno. "Haciendo honor a su modo habitual de proceder, el gobierno quiere enterrar su irresponsabilidad endilgándome a mí el 'muerto'. Busca así un doble resultado: eximir su daño al Estado y eliminar a una figura política relevante en un escenario electoral ficticio, que se basa en la ilegal postulación del primer mandatario a un cuarto periodo presidencial", escribió Mesa en su blog personal.

La exautoridad sostuvo que el caso Quiborax es un emblema de la "forma autoritaria e irresponsable de cómo funciona el gobierno del presidente Evo Morales" y dio ocho argumentos en su defensa ante la acusación del Ejecutivo que lo implica en daño económico al Estado por casi 40 millones de dólares.

Mesa señala que las acciones penales que el Procurador Pablo Menacho pide iniciarle por los "supuestos e inexistentes delitos" producto del decreto supremo (DS) 27589 de 23 de junio de 2004, aprobado en su Gobierno, "son inconducentes, porque el hecho ha prescrito superabundantemente, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma es ilegal". Indica que a esto se suma, en su defensa, que el expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado DS, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005. "Abrogación quiere decir que la norma se extingue, desaparece, deja de existir jurídicamente, quedando vigente y sujeto a las consideraciones judiciales pertinentes, solo el citado DS 28527 y no el que yo dicté".

Procurador acusa falta de voluntad. El procurador general del Estado, Pablo Menacho, señaló el domingo que las declaraciones que realizó Carlos Mesa, en el Ministerio Público por el caso Quiborax fueron de "nula" ayuda a la investigación del tema.

"El expresidente Carlos Mesa ha demostrado su total falta de voluntad para cooperar con la investigación" señaló Menacho en el programa "El Pueblo es Noticia".

La Procuraduría General del Estado solicitó una investigación contra Mesa por presuntos actos ilegales cuando gobernaba y que derivaron en una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el pago de más de 42 millones de dólares a la minera chilena.

En ese sentido, Menacho recordó que en el marco del cumplimiento del Laudo del 16 de septiembre de 2015, se logró una rebaja, lo que permitió un ahorro sustancial para el Estado de $us 14,5 millones.

2004 Decreto 
El 23 de junio se quita la concesión del Salar de Uyuni a la empresa Quiborax.

42 Millones de dólares 
Le tuvo que pagar el Estado boliviano a Quiborax por indemnización.