El ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, afirmó ayer que el Gobierno quiere enterrar su "irresponsabilidad" en el caso Quiborax, en el que perdió el juicio por una "pésima defensa", comprometiéndolo en un proceso penal para eliminarlo como figura política en un escenario electoral ficticio.

"Haciendo honor a su modo habitual de proceder, el gobierno quiere enterrar su irresponsabilidad endilgándome a mí el 'muerto'. Busca así un doble resultado: eximir su daño al Estado y eliminar a una figura política relevante en un escenario electoral ficticio, que se basa en la ilegal postulación del primer mandatario a un cuarto periodo presidencial", escribió Mesa en su blog personal.

Sostuvo que el caso Quiborax es un emblema de la "forma autoritaria e irresponsable de cómo funciona el gobierno de Evo Morales" y dio ocho argumentos en su defensa ante la acusación del Ejecutivo que lo implica en daño económico al Estado por casi Bs 40 millones.

Mesa manifestó que las acciones penales que el procurador Pablo Menacho pide iniciarle por los "supuestos e inexistentes delitos" producto del Decreto Supremo (DS) 27589 del 23 de junio de 2004, aprobado en su Gobierno, "son inconducentes, porque el hecho ha prescrito superabundantemente, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma es ilegal".

"El expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado DS, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005. "Abrogación quiere decir que la norma se extingue, desaparece, deja de existir jurídicamente, quedando vigente y sujeto a las consideraciones judiciales pertinentes, solo el citado DS 28527 y no el que yo dicté", afirmó.

Agregó que los defectos de forma fueron totalmente subsanados en su gobierno mediante la Resolución Administrativa del 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas (SM) que anuló todas las concesiones adjudicadas a Non Metallic Minerals (NMM) - Quiborax. Y por si eso fuera poco, "el DS de Eduardo Rodríguez que abrogó mi DS, reconoció la plena legalidad de la anulación hecha por la SM, subrayando que esa Resolución causaba estado. Por esa razón Bolivia llegó con toda su normativa saneada ante cualquier reclamo de NMM-Quiborax".

Acuerdo de conciliación

Mesa recordó que antes de iniciar formalmente el proceso arbitral en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), Bolivia y NMM-Quiborax habían llegado en 2008 a un acuerdo de conciliación por el que Bolivia se comprometió a pagar $us 3 millones a la empresa como compensación por la anulación de sus concesiones. Acuerdo que consta en el numeral 10 de la "Decisión sobre Medidas provisionales" dictado por el Tribunal Arbitral del Ciadi.

Sin embargo, el 14 de enero de 2009 NMM-Quiborax comunicó al Tribunal que "Bolivia se había retractado del citado acuerdo lo que le causó al país, tras el pago realizado en 2018, una pérdida de $us 39.6 millones".

Pero, años antes se conoció que los propietarios de NMM-Quiborax, Allan Fosk propietario chileno de Quiborax y David Moscoso accionista de NMM y otros, falsificaron el acta de constitución de la empresa, y esa falsificación alteró su composición accionaria.

"Pero a pesar de la gravedad del delito que contaminó de nulidad absoluta todo el proceso arbitral desde la presentación de la demanda, Bolivia no logró la extinción de este proceso viciado", dijo.

Proceso Arbitral

Mesa recordó que cuando la Procuraduría, a pesar del delito de falsificación, decidió seguir en el Proceso Arbitral, afirmó como se registra en los documentos del Tribunal Arbitral, que "el decreto de Revocatoria (27589, de su gobierno) se adoptó sobre la Ley Nº 2564 y No es ilegal y según dijo fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras de los demandantes".

"(Pero) cuando pierde el juicio por una pésima defensa, la Procuraduría dice que lo que defendía como legal, ahora es ilegal y presenta una acusación en mi contra", manifestó.

Inversión de Quiborax

"En toda esta vergüenza debe tomarse en cuenta que NMM invirtió menos de un millón de dólares en sus concesiones en el Salar de Uyuni (...) no contaba con un plan de inversiones solo posible como resultado de los estudios citados y, en consecuencia, no podía presentar un plan temporal de explotación de los yacimientos que demuestre aspectos referidos al lucro cesante y daños y perjuicios consiguientes", dijo Mesa.