La polémica por el caso Quiborax volvió a escribir otro capítulo en el plano político y judicial ayer, tras cumplirse un mes del pedido de enjuiciamiento del Gobierno contra el ex presidente Carlos Mesa, cuya defensa advierte un trasfondo político en este proceso, mientras se desconocen los próximos actuados de la Fiscalía.

El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, alertó que “este año quieren cocinar y fraguar este juicio penal contra Mesa y meterlo preso. Este mismo año. Ningún juicio de responsabilidades en la historia de Bolivia ha sido manejado con tanta rapidez”, aseveró.

Según sus hipótesis, el objetivo del juicio de responsabilidades contra Mesa es procesarlo antes de que en enero próximo el Órgano Electoral llame a los comicios presidenciales de 2019, para los que el presidente Evo Morales fue habilitado mediante un polémico fallo.

La Procuraduría General del Estado denunció a Mesa y a tres ex ministros el 23 de mayo; pide procesar a la ex autoridades por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El fin de semana, como lo ha venido haciendo desde que se conoció la denuncia, Mesa insistió en su tesis de que el proceso tiene motivaciones políticas y busca enjuiciarlo a como dé lugar.

El acusado ex Presidente volvió a hablar anoche del caso. Se declaró inocente, defendió de nuevo sus decisiones políticas y jurídicas, e identificó dos causas detrás del pedido de juicio en su contra: el Gobierno intenta protegerse las espaldas y tiene la intencionalidad política de “demoler” su imagen.

En “No Mentirás” de PAT, explicó que otra de las incoherencias del Ejecutivo en este proceso es que defendió su decreto y ahora lo observa para procesarlo.

Le pidió al presidente Morales, hasta tuteándolo, que recapacite porque “está a punto de echar por la borda todo lo que representó”, y que rectifique “aceptando la voluntad popular del referéndum del 21F”.

Señaló que el Gobierno adelanta la disputa electoral con el caso Quiborax porque le conviene una “electoralización prematura que distrae a la población”.

Insistió en que el Presidente no puede ser candidato. “Estás a punto de rectificar y respetar la voluntad popular”, le dijo a Morales, incidiendo que “todavía hay una oportunidad”.

“Mi primer paso ahora es defender el cumplimiento del 21F”, concluyó, insistiendo en que no será candidato en 2019 y explicó que en este momento no hay una sola persona que pueda ser potencialmente candidato que no tenga varios juicios.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, manifestó en pasados días que “posiblemente” en enero de 2019 se emita la convocatoria para los comicios que tendrían lugar en octubre.

El anuncio despertó la alerta de analistas políticos, como el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, quien cuestionó la legitimidad del ente electoral. "¡Listo! Se confirmó treta del MAS para habilitar a Evo Morales", escribió en su cuenta de Twitter.

DECLARACIONES E INCÓGNITAS

Mientras la demanda de ampliación de investigación solicitada por Mesa contra varias figuras del Gobierno no tiene respuesta, ayer se presentaron a declarar los ex ministros de Desarrollo Sostenible y de Trabajo, Gustavo Pedraza y Luis Fernández, respectivamente; con ellos se cerraría la lista de convocados a declarar hasta el 10 de julio.

Pedraza y Fernández no respondieron a todas las preguntas de los fiscales y anunciaron, mediante su abogado Ariel Coronado, que lo harán por escrito por temor a que sus declaraciones sean utilizadas en su contra.

Pedraza dijo que llegó al cargo de ministro recién en abril de 2004 y no participó de todo el proceso de expulsión de la empresa Quiborax. “Me parece que faltó prolijidad en la proposición acusatoria, que no se dieron el trabajo de revisar desde cuándo era ministro”, aseguró.

Fernández señaló que respondió algunas interrogantes de los fiscales, pero su fundamentación también la hará por escrito.

Manifestó que será clave la ampliación de investigación contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Mehacho y la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi, para el esclarecimiento de las denuncias.

Ambas ex autoridades señalaron también que la empresa chilena Quiborax, al momento de plantear el laudo arbitral, no cumplía un requisito fundamental: tener la mayoría accionaria. Según ellos, para demandar al país, la minera empleó un acta falsificada –como lo denunció Mesa hace dos semanas– y por tanto nunca debió haber un arbitraje.

Fernández aclaró que el artículo 26 de las reglas del CIADI señala que mientras hay procesos legales pendientes entre el Estado demandado y la empresa demandante, el primero puede rechazar el arbitraje, pero no lo hizo en este caso.

“No debió de haber arbitraje porque esta empresa (Quiborax) no cumplía un requisito fundamental para ampararse en el acuerdo que tiene Bolivia suscrito con Chile”, agregó, por su parte, Pedraza.

El abogado Coronado informó que la demanda de ampliación aún no fue respondida por la Fiscalía.

El fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, informó que evalúan a cuántas personas más convocarán a declarar, habría alrededor de seis.

Sobre la denuncia de Mesa, respondió que tiene su trámite propio y que seguramente será respondida como corresponde.