La crisis del covid en Bolivia está generando una amenaza que es casi invisible a la población urbana: La depredación agresiva de áreas naturales. A medida que el precio de venta del gas baja y el gobierno boliviano debe encontrar nuevas fuentes económicas, el modelo extractivista se está endureciendo. Las noticias de activación de proyectos de hidrovías, hidroeléctricas y otros tienen en alerta a nuestros pueblos indígenas. Dado que Bolivia es uno de los países más afectados por la crisis climática, la protección de nuestra biodiversidad debería ser prioridad nacional, pero no lo es. El pueblo boliviano debe tener la cordura que el gobierno no tiene y frenar la explotación suicida del ambiente que garantiza nuestra comida, trabajo y misma existencia. 

Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de  Bolivia (Contiocap) ya han denunciado que muchos de estos megaproyectos se están realizando sin estudios ambientales ni consultas previas a los pueblos indígenas. El proyecto de la hidroeléctrica Rositas, frenado en 2018 debido a la resistencia de pueblos indígenas, inundaría un área de 45.000 hectáreas de áreas protegidas y desplazaría a una decena de pueblos indígenas de ser reactivado. De igual manera, el proyecto de la hidroeléctrica Bala-Chepete desplazaría a más de 100 comunidades de pueblos indígenas e inundaría más de 700 kilómetros cuadrados. Aunque estos dos proyectos están en “pausa”, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) ya está ejecutando otros proyectos hidroeléctricos similares, uno en la cuenca del río Ivirizu (Cochabamba) y otro en Quime y Cajuata (La Paz).

Los reportes de impacto ambiental de estos proyectos no son transparentes y muchas veces no son accesibles. Esto se debe al financiamiento de los mismos viene de créditos del gobierno de China. Para recibir créditos de China, el Estado boliviano acepta que la ejecución de los proyectos deberá ser hecha por empresas chinas. Estas empresas usan sus propios recursos, tecnología y personal traído desde China. Esto deja a la sociedad civil boliviana sin ningún tipo de material disponible para fiscalizar ni controlar el desarrollo o impacto de estos megaproyectos. Los más afectados de forma inmediata son los pueblos indígenas, pero será la ciudadanía boliviana en su totalidad la que vivirá las consecuencias a largo plazo de la destrucción de nuestro ecosistema. 

La Constitución de nuestro país indica en su capítulo 4 y artículo 30 que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre la explotación de sus recursos. El mismo artículo reconoce su derecho a la territorialidad, a la protección de sus lugares sagrados y a “vivir en un medio ambiente sano”. El desplazamiento forzoso de comunidades indígenas para la creación de megarrepresas contradice no sólo estos artículos de la Constitución, sino también los derechos humanos. Es por ello que en Bolivia los activistas ambientalistas debemos asumir también la defensa de derechos humanos, y sobre todo, apoyar y acompañar a organizaciones indígenas como la Contiocap. 

El falso “progreso económico” que justifica estas represas tampoco lo justifica. Estudios de la Fundación Solón han demostrado que no hay una ganancia económica real con la represa de Rositas. La energía producida por esta hidroeléctrica supera un costo normal, por lo que tendría que ser subsidiada o venderse a tarifas muy altas para el mercado. El único verdadero ganador de estos proyectos es el gobierno chino, mientras el gobierno boliviano deja una deuda económica y un daño ambiental que futuras generaciones, nuestras generaciones, tendremos que pagar. Por coherencia y sobrevivencia, la juventud boliviana y el pueblo boliviano en general debe apoyar a los pueblos indígenas que se oponen a megaproyectos del estado Chino en nuestras áreas protegidas. El gobierno de Arce no puede seguir regalando nuestro medio ambiente a un gobierno extranjero y dejando sequía e incendios para nuestro futuro.