En el afán de sostener la retórica del golpe de Estado, el gobierno del MAS, con el apoyo de jueces y fiscales afines, está llegando al punto de sacrificar a sus propios amigos.

El fin de semana fueron aprehendidos en Santa Cruz el excomandante de la FAB  general Gonzalo Terceros  y el excomandante de la Armada Boliviana almirante Gonzalo Jarjuri. Ambos fueron trasladados a La Paz, donde fueron puestos a disposición de la justicia. Como era de esperarse, los dos exjefes militares fueron enviados a prisión, pero antes de que eso ocurra uno de ellos, el general Terceros, decidió contar su versión de la historia.

De su declaración ante la Fiscalía y de una entrevista concedida a Página Siete en su celda, se desprenden algunas afirmaciones relevantes que, si en Bolivia existiera una justicia independiente, desmoronarían el denominado caso golpe.

Terceros dijo, por ejemplo, que el entonces comandante en jefe de las FFAA  Williams Kaliman  sugirió la renuncia de Evo Morales sólo después de estar seguro que el exmandantario presentaría su dimisión. Tal es así que tres horas antes de que se produzca la renuncia, Kaliman convocó a los integrantes de su alto mando para comunicarles que Morales dimitiría y para informarles que sacarían un pronunciamiento pidiendo la renuncia del mandatario “para hacer quedar bien a las FFAA”.

Esta versión es coincidente con el testimonio del propio Evo Morales, quien en su libro  Volveremos y seremos millones (2020) relata que barajó la posibilidad de renunciar desde un día antes y que tomó la decisión antes de partir al Chapare aquel 10 de noviembre de 2019. 

Quienes sostienen que Morales renunció presionado por las Fuerzas Armadas, ya pueden ir cambiando el tenor del argumento porque, con este testimonio, queda claro que no hubo tal presión. De hecho, hay que recordar que el alto mando militar era fiel a Evo Morales y lo era aún más el general Kaliman, que no tomaba decisiones sin consultarle.

Pero Terceros fue mucho más allá y reveló que las Fuerzas Armadas siguieron recibiendo órdenes del expresidente a través del exministro de Defensa  Javier Zavaleta  incluso hasta 30 horas después de su renuncia. De hecho, la última comunicación entre el comandante de la FAB y el exministro Zavaleta es el 11 de noviembre, para dar parte que el avión mexicano con Morales a bordo ya estaba abandonando espacio aéreo boliviano. “Cumplida su orden, ministro, cumplí mi palabra de honor, el hermano presidente (Morales) ya abandonó espacio aéreo boliviano sano y salvo’, él me dio las gracias y se despidió. Luego presentó su renuncia”, le dijo Terceros a la Fiscalía.

¿Qué clase de golpistas eran estos militares que seguían recibiendo órdenes del gobierno saliente después de la dimisión? Nótese que Terceros se refería entonces a Morales como “hermano presidente”, tal como lo hacían los sectores sociales, ministros y su círculo más íntimo. Esta versión contradice al MAS, que sostiene que el que se puso al frente de la FAB fue el expresidente Jorge Quiroga.

El general reveló también el plan siniestro de Evo Morales y Álvaro García Linera para “quemar” La Paz en caso de que no se garantizara su huida rumbo a México.

Sin importar lo que signifiquen estas declaraciones, está claro que no cambiarán el curso del proceso y que el MAS insistirá con su retórica del golpe de Estado.

Hasta la fecha fueron detenidos cuatro de los seis miembros del alto mando militar de la época, entre ellos Terceros, quien fue enviado a Palmasola; Jarjuri a la cárcel de Patacamaya; además del comandante del Ejército  general Jorge Pastor Mendieta (a San Pedro), y el jefe del Estado Mayor almirante Flavio Gustavo Arce (a San Pedro). En cambio, se desconoce el paradero del excomandante en jefe  general Williams Kaliman  y del inspector general de las FFAA general Jorge Elmer Fernández.

Mientras la retórica prosigue, más exautoridades y líderes políticos se ven obligados a comparecer ante la Fiscalía con el riesgo de terminar en la cárcel. ¿La pregunta es hasta cuándo, hasta dónde y para qué? Armar un caso sobre un supuesto golpe solo contribuye a limpiar la imagen de Evo Morales y no así a reparar a las víctimas de la violencia política de 2019. Para ellas no hay justicia, al menos, no todavía.