El juez Armando Zeballos negó la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, presuntamente cometidos en su calidad de senadora, antes de  asumir la presidencia del Estado el 12 de noviembre de 2020.

La defensa presentó nuevos argumentos, pero el magistrado consideró que se mantienen los riesgos procesales y hay probabilidad de autoría y participación de la expresidenta en los hechos, como sostuvieron los abogados de la Fiscalía y del Gobierno.

La defensa señaló que la exfuncionaria de Gobierno, Teresa Morales, hizo referencia a que Áñez cometió los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por reuniones que se llevaron adelante en la UCB, el 11 y 12 de noviembre, pero los defensores subrayaron que ella no participó de estos encuentros.

Hicieron notar que la expresidenta no estuvo en las ciudades donde se realizaron estos supuestos hechos terroristas. Fue, a criterio de la defensa, una situación de conflictos sociales, en las que no participó la exmandataria.

Presentaron el acta de declaración del denunciado, exintegrante del Alto Mando Militar, Flavio Gustavo Arce, el 10 de marzo. En esa declaración se le preguntó cuáles fueron los motivos de la conferencia de prensa de 10 de noviembre y cuál fue el mensaje por el Alto Mando Militar. Respondió que fue por instrucción del comandante Williams Kaliman y que se sugería la renuncia al presidente Morales, porque había conflictos. 

Advirtió que se realizó un comunicado, y eso no fue un hecho conspirativo. Eso mismo se corroboró en las declaraciones de otros jefes militares de entonces, como el exjefe de la FAB, Jorge Terceros y el de la Armada, Gonzalo Jarjuri. Arce manifestó que no conocía el motivo de la renuncia de Evo Morales y que no recibió instrucción alguna de Jeanine Áñez.

La defensa también denotó contradicciones en la declaración de la exdiputada Susana Rivero, que señaló que habían "vuelos de aviones que estarían rondando su nuca, y la presionaban".

Un Informe presentado el 17 de marzo por el comando de la FAB y  en el que la Fiscalía le solicitó que identifiquen quién ordenó los vuelos los días 11, 12 y los siguientes. La respuesta fue contundente: no hubo vuelos, al menos con las características denunciadas.

Ese informe confirmó también que no hubo "interceptación de Evo Morales, ese decir, no se interrumpió la trayectoria de una aeronave en vuelo, en referencia al último traslado, el 10 de noviembre de Evo Morales, de La Paz a Chimoré, y que se realizó con normalidad", señaló la defensa. 

Este informe del comando de la FAB, expresó la defensa, evidencia que no hubo acto de amedrentamiento, organizado con Áñez para interceptar a Morales, contradiciendo las declaraciones de Morales y Rivero

La defensa señaló que Susana Rivero no hizo referencia a Jeanine Áñez, como una persona que hubiera conspirado. Carlos Mesa, en su declaración ante el Ministerio Público, dijo que no iba a responder, pero posteriormente sostuvo, según los abogados de Áñez, que no recordaba las circunstancias en las que conoció, y que luego de asumir lo invitó un mes después, tampoco coordinó con él.

Recordó que la COB, a través de Juan Carlos Huarachi, tras la convocatoria de nuevas elecciones, sugirió a Morales que reflexione sobre su renuncia. La defensa reclamó por qué no está en el proceso el líder del ente sindical.

Manifestó que Marco Antonio Borda Belzu, hermano de Víctor Borda, el expresidente de diputados, nunca culpó a Jeanine Áñez por la quema de su casa ni su secuestro. Por su parte, la Fiscalía, los abogados de la Procuraduría y del Ministerio de Gobierno manifestaron que hay indicios de que la expresidenta es autora de los delitos.

Sostuvieron que las reuniones en la Universidad Católica sí se realizaron, que la misma Áñez admitió que estaba dispuesta a asumir el mando, que la forma en la que llegó al Gobierno tuvo vicios de nulidad, porque se autoproclamó en una audiencia del Senado que no tenía quorum.