Dirigentes y delegados de las dos facciones que se disputan el control del mercado cocalero de Yungas optaron por participar en el diálogo que convocó el Gobierno para pacificar esa zona del país tras los enfrentamientos del sábado. Ese día murió un policía, mientras otro uniformado resultó lesionado al igual que varios cultivadores de la población de Coripata, a 113 kilómetros de La Paz.

El principal acuerdo consistió en celebrar otras elecciones dentro de 45 días, pero una vez que los dos dirigentes que se disputan la presidencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) declinen a sus mandatos y firmen el pacto, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante el diálogo.

El escenario de las conversaciones fue el hotel París, ubicado en la plaza Murillo. El ministro Del Castillo instaló las conversaciones junto al comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera. Al evento también asistió el ministro de Desarrollo Rural, Remy González; la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y un grupo de profesionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anticiparon la predisposición en apoyar esos comicios.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, que también participó de la sesión, lanzó la propuesta, al inicio de la jornada, de celebrar otras elecciones.

“El mejor camino es una nueva elección, ver qué pasa con las elecciones, ver cómo hacer para articular a las dos organizaciones”, afirmó la autoridad.

La propuesta, que ya fue planteada en abril por Nadia Cruz, fue aceptada por la directiva de Elena Flores, la dirigente cocalera afín al MAS que ayer, antes del inicio de las conversaciones en el hotel Paris, se anticipó con la posesión de comité electoral que organizará esos comicios. “Nuestro compromiso es generar las condiciones para garantizar la unidad de familia cocalera de Yungas”, afirmó cuando administró el juramento.

Flores había convocado a una asamblea de su sector para el sábado en el estadio Ramiro Castillo de Coripata, precisamente, para encauzar esas elecciones, pero sin haber consensuado previamente con la facción del presidente de Adepcoca, Armin Lluta. Entonces, este sector protagonizó un bloqueo para frenar la reunión de la “dirección paralela”. La medida de presión fue intervenida por la Policía, una acción que provocó la muerte del uniformado Miguel Ángel Quispe Nina.

Del Castillo acusó el sábado a LLuta de promover una emboscada contra los uniformados. El dirigente negó el extremo y responsabilizó al Gobierno por este hecho. “Ellos quieren controlar el mercado de la coca y nosotros lo vamos a defender”, aseguró.

Ayer, Cox dejó la investigación en manos de la Fiscalía, aunque el comandante de la Policía informó que se creó un equipo de 16 personas para investigar lo sucedido.

“Presumimos que podría tratarse de un fusil máuser que ha ocasionado la muerte (del uniformado)”, dijo el coronel Aguilera.

Ante este escenario, Lluta optó por no participar en la sesión de diálogo, pero envío a varios miembros de su directiva. “No gozo de las garantías a pesar de las declaraciones que ha hecho el comandante. Quieren detenerme, por esa razón no hay garantías para participar del diálogo”, dijo.

Enfatizó que el Gobierno no puede plantear que existan elecciones para designar una nueva directiva de Adepcoca, porque es una “institución privada” que se basa “en sus estatutos”.

Dijo que fue elegido por 43.000 socios en diciembre del año pasado y acusó al Gobierno de promover el paralelismo sindical para debilitar las organizaciones sociales, luego de reclamar por la resolución que creó un “mercado paralelo de coca”, ubicado en la zona de Chuquiaguillo.

Si bien la Ley de la Coca permite que en Yungas se cultiven hasta 14.300 hectáreas de coca, establece un control para la comercialización de este producto.

El más reciente informe de monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el Delito (Unodc) estableció que cerca de 300 toneladas se hojas de coca se decomisaron en 2019 antes de que llegue al narcotráfico. El 74% de esos decomisos se registraron en el departamento de La Paz.

El diálogo aún debe continuar con la regularización del registro de los socios de Adepcoca.