Sobre el valor jurídico y efecto vinculante que tienen las opiniones consultivas (OC) de la Corte IDH en Bolivia a través del Tribunal Constitucional (TCP) es un tema aún de aplicación lenta (sin responsabilidades) en nuestro ordenamiento jurídico vigente; más dogmático —académico que meramente procesal— jurídico. Es como decir: sí pero no, aunque en proceso.

Una corriente de análisis constitucionalista señala a la SCP 110/2010-R como la jurisprudencia que entiende la vinculatoriedad de las OC, aunque de una lectura íntegra no existe la referencia textual de ellas para saber si son o parte del bloque de constitucionalidad; sin embargo se establece que las “decisiones” emanadas de la CIDH forman parte del Bloque. En un estudio ecuatoriano del constitucionalista Pablo Andrés Castillo, inclusive se identifica casos aislados, como la SCP 0084/2018, del 29 de noviembre de 2017, a través de la cual se utilizó en Bolivia la opinión consultiva OC-4/84 del 11 de enero de 1984 para establecer el contenido del derecho a la igualdad y no discriminación, y afirma él que hasta el momento se ha determinado los principios constitucionales que vinculan a las opiniones consultivas al ordenamiento jurídico interno de Bolivia y al igual que SCP 110/2010-R del 10 de mayo, que abre una puerta importante para el reconocimiento de éstas como parte del bloque constitucionalidad.

Si bien la Ley Nro. 1430 (11/02/1993) es la adhesión de Bolivia a la CADH es infra al reconocer nuestro país constitucionalmente la supranacionalidad de la norma. Tres vertientes pueden ser consideradas desde el TCP frente a este debate: la coexistencia normativa, la compatibilidad – complementariedad interpretativa de la norma y la contraposición de la norma interna respecto de la aplicación preferente convencional.

La cuestión es saber si una OC al no analizarse en la vía contenciosa sino consultiva puede ser considerada como “decisión”, y la respuesta desde luego que es innegable por dos razones: primero porque es la nomenclatura utilizada desde el año 1991 (OC 12 del 06/12) y segundo por el valor deliberativo de los jueces de la CIDH ante las consultas que les son formuladas cuyos resultados se traducen en jurisprudencia internacional en materia de DDHH de referencia y producto del análisis jurídico convencional cuando resulten más favorables inclusive por encima de nuestra CPE (Art. 410) como estándar más alto. La pregunta consecuente es: ¿cuándo debe aplicarse y en qué términos?.

La “célebre” SCP 084/2017 interpretó en la óptica de los ex miembros del TCP derechos más favorables, legal sí pero desde luego que legítimo no; contraviniendo inclusive la tesis de la cosa juzgada constitucional luego de los resultados del referendo de 2016 por el Art. 168. A partir de ello sólo tendría efecto esta SC cuando un presidente esté 10 años en el poder y en su pretensión de perpetuidad pretenda reelegirse por tres veces, en ese momento el TCP deberá modular los alcances de la SCP 084 cuando conozca el caso concreto y a petición de parte, es poco probable que lo haga de oficio en este tiempo de coyuntura diferente al de una tercera reelección. Será en ese momento en que hagan vinculantes los alcances de la OC sobre el derecho humano político de ser reelegido que, está claro, no puede ser indefinido y aplicar esta vez en su verdadero alcance del control efectivo de convencionalidad de la norma. (Israel Adrián Quino Romero es abogado y periodista)